Convocatoria a Manifestación por los 12 años de Revolución Bolivariana en Venezuela, miércoles 2 de Febrero, 18:30 hrs., Embajada de Venezuela.
El Pueblo Chileno saluda los logros sociales y políticos de la República Bolivariana de Venezuela, reconocidos por toda la comunidad internacional. En 12 años el Pueblo venezolano ha desarrollado un proceso profundamente democrático, protagónico y participativo, que se ha expresado en 16 elecciones, construyendo el Socialismo del Siglo XXI para el Buen Vivir.
Ante la permanente agresión imperialista, Venezuela no está sola, los pueblos del mundo manifiestan su solidaridad, y en Chile, las organizaciones sociales y políticas estamos presentes celebrando los 12 años de la Revolución Bolivariana.
El Pueblo chileno envía un abrazo popular, fraterno y solidario este martes en una concentración el miércoles 2 de febrero, a las 19:00 hrs., en calle Bustos 2021, comuna de Providencia.
Convocan y adhieren:
Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Linares
Asociación de Funcionarios FENATS, Hospital Gustavo Fricke
Asociación Nacional de Ex Presos Políticos de la V Región
Agrupación de ex-Presos Políticos Reg. Metropolitana
Biblioteca de la Memoria
Brigada Salvador Allende – BRISA
Centro Cultural Nieves Yancovic
Colectivo Juvenil La Mochila
Comando Amplio de Solidaridad con Cuba
Comando Nacional de Exonerados Políticos (AG)
Comité Bolivariano de Solidaridad con Venezuela
Comité de Reencuentro Chileno-Boliviano
Comité de Refugiados Peruanos
Comité Hugo Chávez Frías
Confederación de los Trabajadores del Mar - CONGEMAR
Encuentro del Cono Sur - Chile
Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso
Federación Nacional de Sindicato Interempresas del Transporte – FENASITRAN
Federación Nacional Unión de Trabajadores del Transporte – FENAUTT
Federación de Trabajadores de Investigación Minero Metalúrgica – FETRACIMM
Fuerza Social y Democrática
Instituto Alejandro Venegas
Instituto Alejandro Lipschutz ICAL
Izquierda Cristiana de Chile
Jefas de Hogar de Comuna Lo Prado
Movimiento Al Socialismo - MAS Chile
Movimiento Amplio Social
Movimiento de Expresión Artístico Cultural
Movimiento de Trabajadores Clotario Blest
Movimiento Chileno de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela
Movimiento de Acción Popular Unitaria – MAPU
Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR
Movimiento Generación 80 - G80
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez – MPMR
Movimiento Pro Teatro Serrano
Movimiento de Pobladores en Lucha – MPL
Movimiento Sindical Clasista
Movimiento Unitario de Trabajadores del Transporte – MUTT
Oficina del Concejal Sergio Robles, La Granja
Partido Comunista Acción Proletaria – PC (AP)
Partido Comunista de Chile
Partido de Izquierda – PAIZ
Partido del Socialismo Allendista
Partido Humanista
Partido Igualdad
Radio Senda
Red Alborada de los Pueblos
Red Ecológica de Chile
Red Misión Milagro de Trabajadores, Estudiantes y Pobladores
Periódico Remolino Popular
Sindicato # 4 de Red Bus
Sindicato de Trabajadores Corporación de Salud y Educación Comuna de Melipilla
Surda
Universidad Popular de Valparaíso
Urracas de Emaús
Unión Bicentenaria de los Pueblos
lunes, 31 de enero de 2011
Todos con VENEZUELA!
sábado, 29 de enero de 2011
Juan Aliste Vega desde la cárcel: “Yo no maté a ese carabinero” (The Clinic).
Es el acusado del asesinato del cabo Luis Moyano ocurrido en 2007. Prófugo durante tres años hoy se encuentra en una celda de castigo de dos por tres metros vigilado las 24 horas por un gendarme en la Cárcel de Máxima Seguridad. Tiene una hora al día de luz natural y sólo puede ser visitado por sus familiares más cercanos. Esta semana se cumplen seis meses desde su detención en Buenos Aires y hace una semana su caso pasó de la Justicia Militar a la Civil.
Por Javier García Madero
La familia del ex lautarista Juan Aliste Vega, conformada por sus padres y dos hermanas, vive en un pasaje de Puente Alto. Mensualmente deben juntar 150 mil pesos que se cancelan al grupo de abogados que representan a Juan, encabezado por el jurista Rodrigo Román (El mismo del caso bombas).
Hoy jueves 20 de enero su condición carcelaria debería cambiar de la Cárcel de Máxima Seguridad a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), debido al tiempo establecido para la investigación de la Fiscalía, lo que le permitiría acceder a una mejor calidad de detenido, compartir celda con otro reo y tener más horas de patio.
-¿Estás al tanto de lo que ocurre afuera?
-Sí, pero debo inferir lo que está ocurriendo realmente y lo complemento con las conversaciones con mi familia. Por ejemplo, en el Festival de Teatro Santiago a Mil de este año podrían haber traído otra vez a la muñeca gigante, porque no estuvieron a la altura de las comparsas que realizaron este año.
-¿Qué sabes del conflicto por el gas en Magallanes?
-Este gobierno de ultraderecha está recién conociendo las posibilidades de la organización a partir de un conflicto. Por eso creo que las personas de Santiago también empatizan con el pueblo de Magallanes. La desigualdad no pasa inadvertida. Y comprobamos, con estos dos show mediáticos, que pan y circo no es suficiente.
-¿Crees que la Concertación lo hizo tan mal, como para que la gente optara en estas últimas elecciones por un gobierno de derecha?
-La Concertación en sus 20 años de gobierno no lo hizo mal, porque logró su objetivo de cristalizar la dictadura, la democracia de los burgueses y su gobierno de ricos que mantiene aún las condiciones de represión y distribución económica y agudizan la mercantilización del pueblo pobre, que es cada vez menos tratado como un mero recurso humano. Y valorada la vida en cuanto se puede producir sin la opción de acceder a la verdadera felicidad. Este es un gobierno de empresarios y que viene a coronarse con la represión en las calles. No hay alternativa de movilizarse, todo es criminalizado, las organizaciones son finalmente reprimidas.
-¿Supiste del conflicto en la Isla de Pascua? El gobierno expropio territorios ancestrales y mandó a la isla piquetes policiales.
-Este hecho es otra muestra más de cómo el gobierno utiliza la fuerza desproporcionada, el escarmiento público, la plaza al estilo medieval. Más que reguardar el orden lo que ellos hacen es una ocupación militar de un territorio ancestral, y su único objetivo de resguardar el territorio para los ricos.
-¿Te enteraste del incendio en la cárcel de San Miguel que dejó 81 muertos?
-Sí, la asquerosa realidad se develó de la peor forma. Y en el horizonte aparecimos nosotros los marginados, los desadaptados. Aun no salía el sol y la sonrisa desquiciada de los carceleros coronaba su posición pestilente al servicio de los ricos. Su actitud indolente fue combustible que potenció las llamas, y que calcinó de forma cruenta la vida de 81 hombres, familias, niños, parejas. Ahora les queda el trabajo de borrar las huellas de ese crimen. Toda muerte en una cárcel es un crimen impune, cuyo responsable ineludible es el estado, su gobierno de ricos y su herramienta el control social, sistema que criminaliza a los pobres, así generan las condiciones para que esto suceda.
EL AISLAMIENTO COMO VENGANZA
-¿Cómo te ha afectado el encierro?
-El aislamiento es una forma enmascarada del estado para aplicar la pena de muerte. Los aspectos del desquite y el ensañamiento también son parte del sustento de la aplicación del aislamiento por el sistema penitenciario, la venganza de la máquina de dominación contra los que luchan, los que se resisten y rechazan la sumisión. El aislamiento como arma de venganza, trato inhumano y degradante. Manejan a la perfección sus efectos letales. Tienen expertos en medicina y psicología que lo afirman. Su principal herramienta es la de privación sensorial.
-¿Cómo así?
-Me han realizado evaluaciones psiquiátricas, de los cuales yo he podido ver sus resultados, que ponen en evidencia que existe en mí deterioro en la orientación tiempo y espacio, en la memoria de mediano plazo, a parte de las habilidades sociales, porque queda claro que mis únicas posibilidades de comunicación, es con mis carceleros y familiares más cercanos que me visitan. La máxima seguridad es una cárcel dentro de otra cárcel donde el siniestro juego de los sentidos y sensaciones lo dan por ganado de antemano, controlando al máximo las posibilidades del cuerpo y la mente, apuntando a la destrucción lenta de las convicciones, de nuestras rebeldías y sueños, de nuestras alegrías, amores, de nuestra vida.
-¿Y cómo es la relación con tu pareja?
-A este aislamiento se suma la imposibilidad de hacer el amor con mi compañera, esta es la única cárcel de Chile que no tiene visitas conyugales, nos anulan la capacidad de amar. Así también éste enfurecido castigo trasciende a nuestros hijos, ya que los espacios no presentan la mínima condición digna, ni siquiera higiénica para adultos, aún menos para los niños.
-¿Por qué?
-Imagínate, vivo en la planta baja de este complejo, completamente solo, a pesar de que hay 8 celdas de similares características, éstas se mantienen vacías desde que estoy aquí, el pasillo tiene 4 cámaras, soy custodiado las 24 horas, en turnos de 8 horas 3 gendarmes tienen dedicación exclusiva a mi vigilancia. En la celda me tiene con una ampolleta de alto voltaje encendida las 24 horas. La cárcel ya es un lugar inhóspito y estas condiciones agudizan más el castigo que trasciende a la familia y los pequeños. Para ellos este estado inhumano siempre va ser un hecho violento y traumático.
“EN ESOS TRES AÑOS FUI MUY FELIZ”
-Estudiaste en la universidad, ¿Por qué no terminaste la carrera y te “reinsertaste” -como le dicen- en la sociedad, por lo menos para no seguir preso como ahora?
-No es así, yo soy parte de esta sociedad, pero entiende que tomé la decisión de la clandestinidad porque en un hecho anterior en 2003 fui acusado de un atraco del Banco Santander de Ñuñoa y estuve ochos meses encarcelado sin pruebas concretas. Al momento del atraco del Banco Security de Agustinas, en 2007, yo estaba terminando los estudios de periodismo en la universidad Arcis, en proceso de titulación, ya había hecho mi tesis, trabajaba en fotografía freelance, en la radio Nuevo Mundo y para el Sindicato del INP.
-Desde la clandestinidad diste una entrevista, en diciembre de 2007, y dijiste que eras inocente, que tú nunca estuviste en el asalto al Banco Security.
-Mi inocencia la afirmo y la reafirmo, yo no estuve en ese lugar. Yo no disparé un arma ni recibí un disparo como dicen. Me hicieron pruebas de ADN, dijeron que habían encontrado un colchón ensangrentado. No hay pruebas fehacientes. No lo pueden comprobar. Yo no maté a ese carabinero. Ni tampoco he estado en esos delitos que están sumados a la causas, como en Santiago y Valparaíso… Todas las acusaciones están fundadas en las inconsistentes declaraciones de un delincuente confeso.
-Te detuvieron en Argentina ¿Por qué te expusiste tanto?
-No hay precaución que pueda contra la delación.
-¿Qué hiciste los casi tres años que pasaron antes que te detuvieran?
-En esos tres años fui muy feliz, aún cuando sentí la distancia de mi familia. Luché por una felicidad, y no renuncio a ella, ninguna circunstancia me hará renunciar a la libertad y la felicidad.
Marcha contra el alza del transantiago
Hora: miércoles, 02 de febrero · 19:00 - 22:00
Lugar Plaza Italia hasta la Moneda !
Compañeros, porque no podemos seguir aguantando estas injusticias contra el pueblo, porque no tenemos porque aguantar pagar un servicio de “transporte público” tan deficiente como el que tenemos en Chile.
Los invito a salir a la calle, a protestar y a hacerse escuchar, a hacer valer sus derechos, a no aguantar más que nos pasen a llevar ni que atenten contra el pueblo, porque los que utilizan el transporte público somos nosotros, la gente más humilde, la gente a la que no le sobra la plata y no esos personajes que se sientan a discutir como pueden seguir llenándose los bolsillo.
Salgamos, salgamos a la calle y hagámonos escuchar, hagamos saber nuestro descontento y marchemos juntos y unidos, sin miedo, hacia la moneda. Porque en nuestras manos está el poder de cambiar las cosas y frenar los abusos. EL PUEBLO A LA CALLE!
jueves, 27 de enero de 2011
Decisión de no insistir en caso Víctor Jara y estudio cuestionan compromiso del Gobierno con Derechos Humanos ( El Ciudadano).
La decisión de no insistir en la detención de los asesinos del cantautor Víctor Jara por parte del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, volvió a poner dudas sobre la política de DDHH llevada por el Gobierno de Sebastián Piñera.
Las críticas de abogados y organismos de defensa de Derechos Humanos apuntaron –como en otras ocasiones – a la actual directora del Programa de Derechos Humanos, la ex fiscal Rossy Lamas, lo que ha generado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), exija su renuncia inmediata.
El caso del crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973 en el ex estadio Chile, pasó a un siguiente trámite cuando en 2010, el entonces abogado querellante del Programa de DDHH, Cristián Cruz, decidió pedir la prisión preventiva en contra de de algunos oficiales (R), como Erdwin Dimte, Hugo Sánchez, Raúl Jofré y Rolando Melo, ex fiscal militar. No obstante, el recurso fue rechazado y éste apeló a la Corte de Apelaciones. Fue en ese momento, sin embargo, que el abogado Cristián Cruz fue despedido del Programa. La razón que Rossy Lamas (en la foto) dio a la prensa fue que “no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo”.
De esa forma, el trámite por el crimen de Víctor Jara siguió un curso normal en la Justicia y el organismo de Gobierno decidió no apelar en busca de los culpables.
IMPUNIDAD “INSTITUCIONAL”
La decisión de no apelar ha provocado fuertes críticas entre diversos sectores vinculados a la defensa de DDHH. Uno de ellos, Cristián Cruz, ex abogado miembro del Programa del Ministerio del Interior, ignora exactamente las razones del por qué de esta decisión. Sin embargo, tanto Cruz en sus declaraciones a la prensa, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), coinciden en la “existencia de una política de impunidad”.
Para Cruz “aquí claramente hay una política de impunidad que ella (Rossy Lamas) ha venido desarrollando en el programa y no sólo en este caso, sino en otros. Prueba de ello, es la serie de querellas que realizaron diversos abogados y que han sido retenidas en la oficina del Subsecretario o del Ministro del Interior”.
Por su parte, la AFDD agrega que la autoridad viene teniendo una actitud conciliadora con los violadores de derechos humanos, así como una lentitud al momento de presentar los casos ante la justicia. “Se agrega el desistimiento de la apelación para que se detuviera a militares imputados en el brutal homicidio de Víctor Jara, hecho que sorprendió incluso a los Magistrados que veían la causa” afirmaron.
“Es todo lo contrario, la verdad que la voluntad del Gobierno en materia de DDHH es avanzar en materias de investigación. Se han formado equipos de trabajo, se ha creado una forma de trabajar distinta”, señaló en entrevista con ADN Radio la aludida Directora del Programa de Derechos Humanos.
En cuanto a la reducción de abogados y personal, Lamas afirmó que “el primero de enero se han incorporado cuatro abogados nuevos, todos ellos con diversas especializaciones en materias de Derechos Humanos, han trabajado en la Corte Interamericana, han trabajado en la Comisión Valech”.
Finalmente, en relación a casos emblemáticos, Lamas afirmó que “precisamente se están evitando este tipo de situaciones que lo que hacen es dilatar causas que tienen que irse a la Corte de Apelaciones para que sean vistas.” Respecto al caso específico de Víctor Jara, Lamas afirmó que se están realizando todos los esfuerzos para encontrar a los homicidas.
MÁS CUESTIONAMIENTOS
A estos cuestionamientos se suma un estudio hecho por el Observatorio Parlamentario que concluye que los partidos de Gobierno no mantienen un alto compromiso con los temas de DDHH. “Muchos compromisos y discursos, pero al final se cumple muy poco”, señalan en el Observatorio.
Esa es la inferencia que ellos hacen a partir de dicho estudio realizado por el Observatorio a los legisladores de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y que devela un escaso compromiso con los temas relacionados de DDHH y profundización de la democracia.
Según el Observatorio, los parlamentarios oficialistas muestran un mayor compromiso con iniciativas tales como el proyecto de ley que propone medidas contra la Discriminación, con casi un 94% de apoyo, y la ley que establece el reconocimiento de los Pueblos Indígenas, que cuenta con un apoyo declarado del 91%. En el otro extremo, el proyecto de ley sobre el establecimiento de cuotas de presencia mínima de mujeres en el Parlamento, resultó con el menor respaldo, al igual que la propuesta sobre la Iniciativa Ciudadana de Ley, que tampoco cuenta con el respaldo de los legisladores UDI y RN.
Otro dato importante es que el cuestionario –entregado entre julio y diciembre de 2010– fue respondido sólo por el 65% de los parlamentarios, de los cuales, los de la Concertación respondieron más que los del oficialismo.
Al respecto, Camila Maturana, coordinadora del Observatorio indicó que lo negativo de esto es la baja disposición de los parlamentarios UDI y RN para dar a conocer sus opiniones o posturas a la ciudadanía, respecto los DDHH y Democracia, lo que entorpece la adecuada comunicación que debe existir entre los legisladores y sus electores, así como la rendición de cuentas de los primeros.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
martes, 25 de enero de 2011
Caso Víctor Jara: Interior no apeló para lograr detención de militares inculpados del homicidio
Sorpresa entre magistrados por actuación de Programa de DD.HH.
Caso Víctor Jara: Interior no apeló para lograr detención de militares inculpados del homicidio
La decisión fue adoptada por la jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la ex fiscal Rossy Lama, a recomendación de su jefe jurídico Francisco Ugas. Según él, no existe mérito para solicitar la diligencia en el sumario por el crimen del cantautor, asesinado en el Estadio Chile. La petición en contra de los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo, la formuló el año pasado el abogado Cristián Cruz, quien fue despedido “porque no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo” del Programa, se indicó en su oportunidad.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se desistió de apelar para lograr la detención -con miras a un eventual procesamiento- de varios militares imputados por el homicidio -con 44 balazos- del cantautor Víctor Jara, acaecido a los pocos días del golpe de 1973 en el Estadio Chile.
La decisión adoptada por la jefa del organismo, la ex fiscal Rossy Lama y recomendada por el actual patrocinante y jefe jurídico del organismo, Francisco Ugas, tiene una historia que comenzó a fines el año pasado. En esa oportunidad, el entonces abogado querellante por el Programa de DD.HH., Cristián Cruz, ingresó un escrito solicitando la prisión preventiva de los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo, con el fin de que el ministro a cargo, Juan Fuentes Belmar, los encausara.
Pero Cruz enfrentó un problema, ya que fue despedido por Lama, “porque no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo”, dijo en su oportunidad la funcionaria.
Pues bien, el magistrado Fuentes rechazó la petición de más de 20 páginas formulada por Cruz, quien apeló al tribunal de alzada capitalino para revertir la decisión. Fue en ese momento cuando Lama le revocó el patrocinio y poder, con el fin de que no interviniera en la causa. Sin embargo, debido a un error en su presentación, el recurso de todas formas subió a la Corte de Apelaciones de Santiago y siguió su tramitación normal.
Le llamó la atención a los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones que el Programa de DD.HH. se hubiera desistido de hacer valer sus argumentos como querellante en el emblemático caso.
Por eso es que ayer le llamó la atención a los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones que el Programa de DD.HH. se hubiera desistido de concurrir al estrado y hacer valer los argumentos de un organismo que actúa como querellante y en esa condición busca ejercer todos los recursos procesales que les granjea la ley. Hay que recordar que este fue el mismo tribunal que aprobó que el ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, declarara en el caso en calidad de testigo, hecho que provocó la incomodidad del gobierno ya que no fue informado.
Vale recordar que Cruz, también estaba a cargo del proceso por la muerte del ex ministro de Allende José Toha.
Sin mérito
Este diario consultó al abogado Ugas, quien explicó que la decisión de no apelar se basó en que la diligencia solicitada por Cruz “no era procedente” en el estado actual de la causa. Según su versión, luego de revisar el expediente, es que no existían méritos procesales para ello.
“Analicé la causa, pero no estuve de acuerdo en que se librara una orden de detención en contra de cuatro personas, que si bien es cierto están inculpadas, no están procesadas por el ministro instructor, toda vez que el escrito no pasó por mi revisión antes de ser presentado”, aseguró Ugas.
En la misma línea, explicó que la orden de detención es una medida que se aplica cuando una persona es requerida y no comparece ante el tribunal y en el caso de los cuatro militares mencionados, todos concurrieron a prestar su testimonio.
“La causa hay que trabajarla más, avanzar en el sumario. Y está avanzando, pero quien decide procesar o detener es el magistrado siempre y cuando se forme la convicción de que existen antecedentes suficientes para encausar. Y como máxima, aquí se buscará verdad y justicia, pero aplicando correctamente el derecho, por lo que solicitaré las diligencias pertinentes para asegurar el éxito de la investigación”.
El “pelado”
Lama ha sido cuestionada por las organizaciones de Derechos Humanos, debido a los despidos de varios abogados. En una entrevista que otorgó al diario uruguayo La Diaria, justificó su decisión, señalando que se contrató más personal con el fin de que no hubiera una merma de personal (ver documento relacionado).
Actualmente, el único procesado por el juez es el ex conscripto José Paredes Vásquez, cuyo encausamiento fue confirmado a mediados de 2009 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en calidad de presunto autor del homicidio del folclorista, otorgándole la libertad luego de 48 días de reclusión.
Si bien el ministro no ha anunciado nuevos procesamientos, mantiene en un “cuaderno secreto” la nómina de todos los militares que estuvieron en el Estadio Chile, muchos de los cuales provenían del centro de detención y tortura de Tejas Verdes.
lunes, 24 de enero de 2011
Los hilos del espionaje de Estados Unidos en Chile ( Punto Final).
En la moderna y protegida mole de acero y cemento que sirve de sede a la embajada de Estados Unidos en Chile, en Avenida Andrés Bello, con el río Mapocho a sus espaldas y la torre Titanium y el lujoso InterContinental Hotel al frente, funcionan varias oficinas que sirven al espionaje norteamericano. Están dotadas de infraestructura informática y de telecomunicaciones y tecnología para labores de inteligencia. Cuentan con un grupo de funcionarios especializados en recopilar información sensible sobre Chile y planificar y coordinar operaciones.
En ese edificio operan la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.), el FBI/Legal Attaché (Buró Federal de Investigación, Agregaduría Legal), el Grupo Militar, una oficina de Seguridad, la ONR (de investigación naval), la Oficina de Seguridad Regional y oculta, la “estación CIA” en Santiago. Todas son entidades de la “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos, asentadas en territorio chileno. En lo formal, la Constitución y las leyes chilenas no acotan sus posibilidades de operación en el país.
De esas dependencias, en textos cifrados o protegidos como Secret, Top Secret o Confidential, salen informes y análisis sobre temas y episodios de la realidad chilena que, a juzgar por investigaciones del Senado estadounidense y revelaciones de prensa (como las recientes deWikiLeaks), incluyen apreciaciones sobre personas y organizaciones locales.
La actividad de espionaje norteamericano en Chile se protege con el manto de combatir al terrorismo, luchar contra el narcotráfico y proteger la seguridad de Estados Unidos. Es así que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones (que copió la imagen corporativa del FBI adoptando siglas, tipografía y colores análogos para su imagen PDI), y Carabineros, mantienen vínculos con las oficinas de la DEA, FBI, el Grupo Militar y la CIA en Chile.
A cargo de la oficina de la DEA figura el agente Sean Waite y del FBI, el agente Todd Porter. Liseli Pennings es la agregada de Seguridad y el agregado de Defensa es el capitán de navío Ronald Townsend. Al frente de la agregaduría área está el coronel Nelson Johnson y de la agregaduría militar, el coronel Frank Wagdalt. El comandante del Grupo Militar es el coronel Marc Stratton.
En un texto de la embajada, titulado Nuestro propósito, se indica que “la cooperación bilateral en la fiscalización y el cumplimiento de la ley nos ayuda a combatir al terrorismo, el narcotráfico y las actividades criminales. Los sólidos lazos militares existentes contribuyen a la estabilidad regional, mejoran la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y refuerzan la capacidad de Chile para participar en misiones de mantenimiento de la paz y otras operaciones de seguridad”.
Oficinas que espían
De acuerdo a la legislación norteamericana, el FBI se encarga de la seguridad en EE.UU. Por lo tanto, se presume que los agentes de ese organismo que trabajan en Chile deberían limitar su labor a lo que tenga que ver con “amenazas” a la seguridad de ciudadanos o bienes estadounidenses. Pero eso está lejos de cumplirse pues por su parte la CIA efectúa labores de inteligencia en otros países y no sólo defiende y protege los intereses de Estados Unidos (de los gobiernos de turno y las grandes corporaciones), sino que materializa operaciones contra presidentes, gobiernos, empresas, organizaciones políticas y sociales y contra grupos terroristas. Son conocidas sus operaciones en Chile, Guatemala, Nicaragua, México, Venezuela, Bolivia y en Asia, Africa y Europa, que han motivado investigaciones del Senado estadounidense. Es amplia la documentación sobre la acción de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile.
El llamado Grupo Militar es la representación del Comando Sur, entidad de las fuerzas armadas estadounidenses que desarrolla los planes doctrinarios y operativos hacia América Latina y el Caribe. Esta oficina organizó la concurrencia de más de cien militares chilenos a la Escuela de las Américas, en Georgia, para un entrenamiento que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, calificó como “muy importante”. En esa escuela también se ha preparado en contrainsurgencia a miles de uniformados de la región.
La Oficina de Seguridad Regional (RSO, por sus siglas en inglés), según documentos de Estados Unidos “es responsable por la seguridad del personal estadounidense que trabaja en las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo”. Es “el brazo encargado de la seguridad y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado. Cada oficina es administrada por un agente especial de seguridad diplomática, quien funge como asesor experto en temas de cumplimiento de ley y seguridad para el embajador de Estados Unidos”.
La RSO en Chile analiza material de inteligencia e información para establecer labores de espionaje con la finalidad de proteger la embajada y el consulado, “organiza y capacita a la policía extranjera y oficiales de seguridad para combatir al terrorismo, asesora a los estadounidenses sobre seguridad en el exterior, comparte información de seguridad con el sector privado estadounidense”. Una labor poco conocida en Chile.
La ONR u Oficina de Investigación Naval está destinada a promover programas de investigación, ciencia y tecnología a nivel de las Marinas. Llama la atención el “privilegio” de que goza Chile con esa oficina, ya que tiene sucursales sólo en Londres, Tokio, Australia, Singapur y…Santiago.
Los mensajes que estas entidades de inteligencia, policiales y militares elaboran, así como documentos y análisis, tienen como prioridad alimentar las computadoras del Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Comando Sur, el Centro Nacional de Lucha Antiterrorista, la Agencia Nacional de Seguridad y, eventualmente, el Departamento del Tesoro.
En un informe sobre terrorismo difundido por el gobierno norteamericano, se apuntaba que “Estados Unidos está fortaleciendo las alianzas regionales y transnacionales con la finalidad de contrarrestar eficazmente las actividades terroristas”. En ello se incluye a Chile, donde hay señales de que las oficinas del espionaje de la potencia han metido algo más que las manos.
Operaciones encubiertas en Chile
Hay casos recientes que revelan -no en todo su alcance- las operaciones de la inteligencia norteamericana en Chile.
De acuerdo a lo revelado por WikiLeaks, el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, pidió al entonces embajador estadounidense ayuda en inteligencia sobre grupos mapuches. El funcionario contestó que “el FBI ya está coordinado con Carabineros” para detectar movimientos de los indígenas (ver PF N° 725). La información sirvió para que organizaciones y medios de comunicación de organizaciones mapuches recordaran que venían denunciando desde 2008 que agentes del FBI estaban recorriendo Temuco y las comunidades indígenas, asesorando a Carabineros y la PDI.
En el caso del paquistaní Saif Khan, quien quedó libre de cargos, hubo una irregular coordinación (según denunciaron abogados) entre el FBI y la PDI para acusarlo y generar un ambiente de “actividad terrorista”, implicando hasta a Al Qaeda en la trama. El ex jefe del FBI en Chile, Stanley Stoy, tuvo que renunciar a su inmunidad diplomática, declarar en el caso e irse del país. Un episodio de clara subordinación de la PDI al FBI se produjo cuando, estando el paquistaní retenido en la embajada sin que formalmente lo acusaran de nada, funcionarios de Investigaciones, instruidos por el jefe del FBI, allanaron el domicilio de Saif Khan.
Se sabe que en Chile opera una “estación CIA”. El Mercurio reconoció este 19 de diciembre los “históricos lazos de Chile con el FBI y la CIA” y que existe un “representante” de este último organismo en nuestro país, “aunque su cargo en la embajada no está oficialmente explicitado de esa manera”. Los oficiales de la CIA suelen trabajar en la consejería política de la embajada o en la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
La CIA ha estado detrás de investigaciones sobre ciudadanos extranjeros en Chile, sospechosos de terrorismo. Sus agentes también suelen recopilar, de manera directa o indirecta, información política y sensible en conversaciones con políticos, militares y empresarios chilenos.
De las actividades de EE.UU. en Chile con órganos policiales nacionales, dan cuenta una serie de episodios recientes. Funcionarios de Carabineros y la PDI asistieron a una conferencia para el control de drogas en Brasil, organizada y patrocinada por la DEA. A esto se sumó la participación de fiscales y policías en un curso de entrenamiento en técnicas antiterroristas realizado por el FBI en Virginia, en el contexto del Programa de Asistencia Antiterrorista que promueve el gobierno de Estados Unidos. En esa misma línea, el Ministerio Público chileno pidió apoyo al FBI por el “caso bombas”.
Diversos medios dieron a conocer que el Equipo de Reacción Táctica Antidrogas (Erta) de la PDI, tuvo directa influencia y conexión con el adiestramiento y experiencia de la DEA y el FBI. También se supo de la participación de miembros del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) de Carabineros en actividades enmarcadas en “ejercicios de comando”, que realizan los norteamericanos.
A mediados de 2010, el Ministerio del Interior se integró a la red Intercambio de Información en Línea (LEO) del FBI. Firmaron el acuerdo el entonces jefe del Buró en Santiago, Stanley Stoy (ligado al caso del paquistaní) y la subdirectora de la División de Seguridad Pública, Constanza Daniels. El nivel de colaboración de las autoridades chilenas con los organismos de Estados Unidos es tal, que los norteamericanos señalaron que el Ministerio del Interior “es la primera y única agencia gubernamental no policial en el mundo que ha sido invitada por la oficina de enlace del FBI” a pertenecer a la LEO, a la cual tienen acceso Carabineros y la Fiscalía Nacional.
HUGO GUZMAN R.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 726, 7 de enero, 2011)
punto@interaccess.cl
www.puntofinal.cl
www.pf-memoriahistorica.org
¡Suscríbase a la edición impresa de PF!!
Desmantelan la salud pública ( Punto Final).
Ex subsecretaria de Salud del gobierno de Michelle Bachelet, la doctora Jeanette Vega Morales arremete contra las políticas privatizadoras del gobierno de Sebastián Piñera. Titulada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (1982) es especialista en Medicina Familiar, doctorada en Salud Pública, en Illinois (EE.UU.). La doctora Vega habla desde su experiencia en el sector público y denuncia una política deliberada para traspasar fondos del Estado a Isapres, clínicas y laboratorios privados.
¿En qué difieren las políticas de este gobierno con las del anterior?
“En salud diferimos en todo. Este gobierno asume la salud como un bien privado, y todos los gobiernos de la Concertación la consideraron un bien público, que no es transable en el mercado. Esa es la gran diferencia ideológica; el cambio desde sistema de salud inserto en un modelo de protección social a otro regulado por el mercado”.
¿Cómo se expresa esa nueva concepción?
“Esperamos un aumento de costos de la salud en los próximos años, un desmantelamiento del sector público y una migración de recursos humanos desde el sector público al privado, bajo el argumento que el sector público es ineficiente.
El primer elemento es la reposición de Fonasa como un seguro, en igualdad de condiciones con las Isapres. Deja de ser un Fondo y ahora sólo administra dinero, define y controla el uso de los recursos por las personas. Compin ya no será una contraloría médica; su tarea la va a realizar Fonasa, con la visión de que la gente abusa del sistema. Cuando se mira el número de licencias por cada cien beneficiarios se descubre que el sistema público tiene un uso más racional de las mismas, con una duración mucho menor que el sistema privado. Si observamos las principales causas de licencia, descubrimos que están relacionadas mayoritariamente con la cobertura que otorga el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (Auge) y los problemas mentales de los usuarios.
El segundo elemento es el bono portable. El sector público tiene una modalidad de pago por salario, y el sector privado por prestación. Cuando se da a la persona un bono, se le está diciendo: “Te doy algo para una prestación concreta, tú vas y dices dónde y cuál te parece más atractivo”. Lo más probable es que el sector privado tomará este nicho de mercado y que se generará un oligopolio. Aumentará el precio de las prestaciones”.
Desde la mirada del ciudadano, es difícil ver esta situación como una pérdida...
“La gente no ve los problemas ahora, pero cuando los vea, ya estará desmantelado el sistema público. Al inicio las Isapres se veían fantásticas, y los planes cubrían el cien por ciento de las necesidades de salud. Pero con los años, empieza a aumentar el precio de los planes, a disminuir los beneficios y a producirse mala atención”.
¿Qué opina sobre la venta de medicamentos en los supermercados?
“Es un cambio de monopolio. Desde el monopolio de las farmacias al monopolio de los supermercados. Medicamentos de uso cotidiano es probable bajen de precio. La lucha se librará entre el poder farmacéutico y el de los supermercados. No creo que esta situación afecte mayormente al ciudadano común”.
¿Qué pasará con los medicamentos que tienen mayor valor y son más complejos?
“Si la venta en supermercados no va de la mano con una política de genéricos, podría suceder que la disminución de ganancias de las cadenas de farmacias las lleve a aumentar el precio de los medicamentos más complejos. Para que eso no ocurra, la apertura del mercado tiene que ir junto con una política de medicamentos intercambiables, que permita la sustitución de aquellos más caros”.
¿Si volviera a ocupar un cargo en el Ministerio de Salud, qué cosas haría?
“Cometimos el error de intentar ser el mejor alumno frente a la derecha. Partimos con Aylwin, tratando de quitarnos el rótulo de extremistas que nos habían colgado después del gobierno de la Unidad Popular. Seguimos con Lagos, para demostrar que un presidente socialista podía terminar su mandato. En estos 20 años no nos dimos cuenta que ya no teníamos que seguir dando pruebas de blancura. Muchas cosas que debimos poner sobre la mesa, aunque fuera para perderlas, no las hicimos, porque privilegiamos el diálogo. Eso nos costó caro, porque la gran queja de los ciudadanos es que la Concertación no realizó las reformas al sistema ni puso una agenda progresista.
La primera de las cosas pendientes es el cambio del Fondo de Salud. Las cotizaciones son recursos públicos que provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos y por ese motivo, tienen que ser parte de un seguro único. Este modelo de dos sistemas (público y privado) es lo primero que cambiaría.
Lo segundo es revertir la municipalización, que ha fragmentado el sistema de salud. En la práctica se corta la relación del nivel más importante con los otros dos niveles, y se deja sometida la atención primaria al arbitrio de los alcaldes, que tienen un mandato político y dependen de los votos para su reelección.
Lo tercero es revertir el argumento del Estado ineficiente: con 500 dólares per cápita al año, nuestro sistema público de salud genera indicadores que están entre los mejores del mundo, aunque hay evidentes problemas de financiamiento. Estados Unidos tiene un producto de alrededor de 40 mil dólares por habitante y gasta un 19 por ciento del producto en salud. Chile gasta alrededor de 40 dólares por habitante al año, y apenas el 6% del producto.
¿Cómo ha sido la administración y gestión del Ministerio en el actual periodo?
“Veo un ministro y un director de Fonasa fuertes y en una línea muy similar. Uno viene del sector asegurador (Isapres) y el otro del sector de las clínicas. Está muy claro que el énfasis está ahí, con mucha pérdida de poder de los subsecretarios de Redes y de Salud Pública. La salud pública es anárquica. En las campañas de vacunación la cobertura no alcanza más allá del 60 por ciento, y hay una rotación de Seremis: de quince ya han cambiado a nueve en menos de un año. Existe también otra visión respecto a leyes que para nosotros eran muy importantes, como la que regula el contenido de grasa, azúcar y sal en la publicidad de los alimentos. El discurso en boga es: “’Pongámonos de acuerdo con la industria… Veamos qué se puede hacer con la empresa privada’”.
Negocio de las Isapres
¿Qué lugar ocupan las Isapres dentro de este esquema?
Han perdido y van a perder más. Este es un diseño para favorecer a los prestadores privados (clínicas y laboratorios). El negocio de las Isapres irá variando hacia el negocio de la provisión de fondos. No me extrañaría que la comisión que está haciendo recomendaciones para una reforma del sistema de salud sugiera la implantación de un fondo único, con una provisión de recursos pública y privada”.
¿Eso significa la desaparición de las Isapres o su transformación?
“La mayoría de las Isapres tienen una integración vertical con los prestadores. Por eso creo que habrá más bien un cambio desde la función aseguradora hacia la de prestación. La situación no variará para un usuario capturado. El principal problema actual es que la cobertura es cada vez menor. Las personas partieron con un plan abierto y de libre elección, tienen ahora planes más restringidos en cobertura y elección.
El negocio de las Isapres ha sido muy rentable. Solamente en los últimos años han disminuido sus ganancias, porque ahora no pueden echar tan fácilmente a la gente. Sus utilidades son muy altas y también sus costos de administración, que están alrededor del veinte por ciento. En contraste, los costos de administración del sistema público son diez veces menores”.
Los trabajadores de la salud reclaman por los bajos salarios. ¿Se puede resolver?
“Los sueldos en el sector salud muestran la brutal inequidad que tenemos en Chile. Esas diferencias se expresan en las diferencias de ingresos entre algunos profesionales que ganan mucho y una gran cantidad de trabajadores que reciben salarios bajos. El más afectado es el personal administrativo y auxiliar. Ello sucede a pesar de que en el sector privado, un médico puede recibir cuatro o cinco veces más que otro que realiza la misma función en el sector público”.
Salud y educación,
bienes públicos
¿Tiene solución este modelo?
“Vengo llegando de una reunión sobre sistemas de salud que se realizó en Suiza y uno ve que los países vienen de vuelta de este tipo de reformas promovidas por el Banco Mundial, con separación de funciones entre sector público y privado. Se hicieron sobre la base de teorías y sin evidencia empírica. En la práctica han producido un aumento de los costos de salud.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lo que sabíamos desde siempre: pool de fondos, sistema único de salud para evitar la fragmentación y énfasis en lo preventivo y lo promocional. Es decir lo que nuestros padres plantearon el 50, cuando crearon el Servicio Nacional de Salud. La salud y educación tienen que ser bienes públicos y el Estado debe garantizarlos más allá del derecho a la salud o a la educación, por motivos de factibilidad económica y eficiencia”.
¿Que debiera hacer la Concertación para ser una alternativa en Chile?
“Fue una coalición muy exitosa durante 20 años; pero ahora los ciudadanos sienten que no cumple sus expectativas. La Concertación es un ciclo terminado y lo importante en este periodo es la discusión para definir quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Una definición de lo básico es la que nos permitirá saber quiénes somos, qué tenemos en común o nos hace diferentes de otros. No tengo mayor preocupación porque haya disputas o conversaciones entre actores diferentes, porque creo que este es el momento para tenerlas. Lo importante es que tienen que salir propuestas, incluyendo el conglomerado que vamos a formar. Tenemos que ampliarnos hacia la Izquierda y hacia el centro; pero sabiendo quiénes somos, qué tenemos en común y cuáles son nuestras diferencias”.
¿Cómo conciliar esa ampliación política con una mayoría ciudadana que repudia la política?
“La conciliación debe producirse a través de los valores y propuestas. Ahora, si a eso unos le llaman Izquierda, centro o progresismo, es discutible; el punto es definir qué es ser progresista, de Izquierda o de centro.
Yo creo que la salud y la educación son bienes públicos, creo que hay que tener un Estado fuerte cuya base sea un sistema de protección social que garantice a los ciudadanos el uso de esos bienes públicos y cubrir otras preocupaciones que también son importantes, como el medioambiente, el empleo de calidad, la comunicación social y el modo como debe expresarse la democracia”.
Sistema socializado:
más eficiente
La Concertación vive de la limosna que le entregan los medios de derecha...
“El gran problema es la televisión. Recuerdo que en dictadura la situación era muy similar a la de ahora. Veinte mil marchando y esa noticia no aparece, personas que están en huelga de hambre durante semanas y la noticia no se conoce; hospitales en los que hay un paro desde hace días y no se informa. La Teletón se realiza el mismo día en que el gobierno despide a miles de trabajadores del sector público.
Me impresiona la similitud con nuestra historia pasada. Los comunicadores de este gobierno son como una regresión. La vocera de gobierno es un ejemplo brutal de eso. Es como ver a Francisco Javier Cuadra, con la misma gesticulación y el mismo discurso, para repetir uno o dos mensajes hasta el infinito”.
¿Cómo concilia su idea de fortalecer el Estado, los servicios públicos y dar protección social con lo que sucede en algunos países de Europa como España , Inglaterra, Grecia Francia o Irlanda, que viven una situación crítica incluso con rebajas salariales y pérdida de beneficios sociales?
“La expectativa de vida ha aumentado y surge la necesidad de dar protección a quienes en otros tiempos, a su edad, ya habían fallecido. Un porcentaje importante se moría incluso trabajando. Ahora la gente jubila y tiene 20 años más de vida. Eso lleva gastos asociados, para el mantenimiento de esas personas.
En esta crisis, los países más inmunes son aquellos que no han escuchado los cantos de sirena de la privatización. Cuando hablo de esto, me refiero fundamentalmente a los nórdicos, que son los que menos han cambiado su esquema y se han mantenido más en un modelo de Estado de bienestar. Los más afectados han sido aquellos que han tenido periodos de gobiernos de derecha, como España, que sufre consecuencias derivadas de los ocho años que gobernó el Partido Popular, en los cuales hubo una destrucción importante de la malla de protección social.
En salud, toda la evidencia muestra que los sistemas más socializados son más eficientes, tienen mejores indicadores y cuestan menos. El crecimiento económico se tiene que traducir en beneficios para los ciudadanos y el tema redistributivo es básico para la justicia social y una mejor calidad de vida. Yo creo en eso y todo mi esfuerzo estará destinado siempre a acercarme a este ideal”.
¿Cuál es el mayor peligro que entraña un gobierno como el actual?
“Todo lo que este gobierno desmantele, va a costar mucho reconstruirlo después”
RUBEN ANDINO MALDONADO
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 726, 7 de enero, 2011)
punto@interaccess.cl
www.puntofinal.cl
www.pf-memoriahistorica.org
¡Suscríbase a la edición impresa de PF!!
miércoles, 19 de enero de 2011
Enérico García y su libro sobre los “recuerdos de un militante del MIR chileno”
La rearticulación del MIR y su historia personal están entrelazadas de tal manera en este libro, que la historia se va escribiendo de manera fluida y con muchos antecedentes que –como él mismo dice en El Mostrador TV- nunca contó antes, pese a que “me entrevistaron muchas veces”.
Enérico García volvió a Chile en marzo de 1981, formando parte de la Operación Retorno. Claro está que no entró con su verdadero nombre, en esa época se hacía llamar Carlos Alberto González Contreras y vivía en la clandestinidad. Su militancia en el MIR lo obligaba a ser cauteloso, guardando las apariencias.
Gran parte de la historia del MIR está contada en las páginas del libro “Todos los días de la vida, recuerdos de un militante del MIR chileno”, que Enérico García escribió desde su experiencia como miembro del GAP (grupo de Amigos del Presidente), responsable de la seguridad de la comisión política y como enlace de Miguel Henríquez, tal como lo contó en una entrevista con El Mostrador TV.
En septiembre de 1973 este militante del MIR cayó preso en la escuela de suboficiales de Carabineros y, aunque reconoce que no fue torturado, sí recibió fuertes golpes. Pero asegura que tuvo mucha suerte, ya que un fiscal militar decidió pasarlo a la justicia ordinaria y de ahí la libertad fue cosa de tiempo. Y su salida del país también.
"Cuando empezaban a generarse condiciones ideales para hacer un buen trabajo político, de conducción, nosotros íbamos saliendo. Eso marca el error en el análisis. Comenzamos a irnos del país y eso marca el error en el análisis de la dirección de esa época", dijo García respecto a la situación del país al iniciarse la década de 1980.
"Cuando empezaban a generarse condiciones ideales para hacer un buen trabajo político, de conducción, nosotros íbamos saliendo. Eso marca el error en el análisis. Comenzamos a irnos del país y eso marca el error en el análisis de la dirección de esa época", dijo García respecto a la situación del país al iniciarse la década de 1980.
En Cuba, donde residió, estuvo encargado de dar instrucción militar y trabajó en construcción. En 1979 se trasladó a Nicaragua para impartir instrucción especial en el uso de armamento mayor, aunque reconoce que en el país centroamericano “nunca llegamos a combatir”.
Con el inicio de la “operación retorno”, Enérico regresó de manera clandestina al país luego que se le asegurara que contaba con un contacto “seguro y que nunca fallaba”. Sin embargo las cosas cambiaron una vez que llegó. “Parece que yo fui el primero”, recuerda, porque nadie llegó a buscarlo y perdió el contacto. Sin embargo, por esas cosas del destino, se encontró con un compañero arriba de una micro.
La rearticulación del MIR y su historia personal están entrelazadas de tal manera en este libro, que la historia se va escribiendo de manera fluida y con muchos antecedentes que –como él mismo dice- nunca contó antes, pese a que “me entrevistaron muchas veces”.
Para este ex militante, el MIR, con la muerte de Miguel Henríquez cambia, y el mejor ejemplo está representado en los cambios que comienzan a producirse a partir de 1983.
“Fue terrible porque cuando nosotros salíamos, en junio del 83, el 11 de mayo se producía la primera protesta nacional, la primera manifestación masiva en reprobación de la dictadura”, rememoró.
Y agregó que “cuando empezaban a generarse condiciones ideales para hacer un buen trabajo político, de conducción, nosotros íbamos saliendo. Eso marca el error en el análisis. Comenzamos a irnos del país y eso marca el error en el análisis de la dirección de esa época”.
domingo, 16 de enero de 2011
¿Son sólo hechos puntuales?: Catastro 2009-2010 delitos cometidos por Carabineros y PDI
“Queremos que los delincuentes le teman a las policías”
Mario Desbordes
Subsecretario de Investigaciones
Durante la campaña de Piñera fue el asesor de este en materia de seguridad. Declaración hecha a La Nación el 21 de noviembre de 2010.
“La institución está en muy bien pie, hay situaciones puntuales, y no me voy referir a ellas en este minuto”
Marcos Vásquez
Director de Investigaciones
Declaración hecha a La Nación el 26 de junio de 2009 (refiriéndose a lo que la prensa de la época definió como ola de corrupción).
“Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”
Benjamín Parker
Tío del hombre araña
Hace poco escribí en torno a las razones por las cuales no debía darse un trato privilegiado a las policías chilenas; en aquella ocasión hice un recuento de los policías fallecidos en actos de servicio en los últimos 10 años, haciendo también referencia a las personas abatidas por funcionarios policiales en los últimos dos años.
Por otra parte a raíz de las declaraciones del subsecretario Mario Desbordes, a las que hago alusión arriba, me quedé pensando en dos cosas, primero si es que acaso no existen suficientes motivos para que el ciudadano de a pie (sin pensar siquiera en el flaite, o el poblador) no tema ya a las policías, y segundo, esa vieja cantinela que dice algo así como que nuestros policías son modelos de probidad incorruptibles.
De esta forma, es que a manera complementaria a dicho artículo, deseo dar a conocer los casos delictuales donde se han visto involucrados funcionarios policiales en los últimos dos años; para ello hice un seguimiento únicamente a los casos informados por el diario La Nación, medio perteneciente al Gobierno de Chile, y en el que se dan cuenta de los casos que involucran a alrededor de 80 funcionarios de ambas policías, y ojo que se incluyen alrededor de una docena de oficiales, de forma que es posible imaginar los cientos de casos en que los hechos no trascienden a los medios, y qué decir de aquellos que no son denunciados o pasan desapercibidos.
HECHOS DEL AÑO 2009
El 27 de enero se dio a conocer la prisión preventiva y formalización por cohecho, obstrucción a la justicia y soborno, del ex subjefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, Edgardo Bastidas y del ex funcionario de la PDI, Fernando Torres, a quienes se les imputó proteger a una banda de traficantes.
El 29 de enero se dio a conocer la baja y prisión preventiva del coronel de Carabineros, Daniel Ruiz Figueroa, quien fue procesado por la Fiscalía Militar por haber abusado sexualmente de una carabinero de rango menor; según la víctima, el oficial, que se desempeñaba como jefe del Departamento Social, la atacó el 14 de diciembre de 2007 cuando acudió a solicitar la autorización de un examen médico a su oficina del edificio institucional.
Ese mismo día se informa de la querella presentada por la subcomisaria de la Policía de Investigaciones, Marcela Álvarez, por violación de domicilio y amenazas en contra de la institución, luego de que un grupo de detectives movilizados por una denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por su esposo, ingresó a su casa en busca de fármacos y le retuviera su arma de servicio.
El 11 de febrero se anuncia la detención del subcomisario de la Brigada Antinarcóticos de Los Andes, Gonzalo Araya Nuñez, quien se apropió de parte de un cargamento de droga incautado por la unidad especializada a la que pertenecía con el objeto de revender la mercancía; posteriormente serían implicados otros 3 policías, el inspector Joel Mendez Reyes, el policía Christopher Veas Bermúdez y el subinspector Patricio Mena Basoalto.
El 02 de marzo se anuncia la baja del subinspector de la Brigada de Investigación Criminal de Peñaflor, Denis Berroeta, por abusos sexuales contra un menor de 12 años.
El 04 de marzo fue dado de baja el carabinero Ricardo Alfredo Paulaza Rubilar, de 22 años, por alterar una alcoholemia, este hecho destapó una “red de corrupción”, pues al otro día se informó la baja de otro carabinero, Luis Muñoz Chamarro, y para el 06 de marzo de 2009 se informaba de la baja de la cabo segundo Alejandra Cabrera Requena y del carabinero Alexis Guardia Cea.
El 14 de abril se informó sobre la baja del sargento Segundo Mauricio Álvarez, quien fuera detenido el día anterior por su eventual participación en la red de tráfico de drogas que operaba en la población Exequiel González Cortés de Ñuñoa.
El 19 de mayo se informó que la Fiscalía solicitaría juicios abreviados contra Manuel Donoso, Diego Inostroza, Manuel Orellana, Ricardo Morales, Marcelo Palavicino y Óscar Ruiz, funcionarios de Investigaciones, ligados a una “red de corrupción”; los policías ingresaban al sistema informático de la institución con el objetivo de consultar o modificar antecedentes penales de un grupo indeterminado de delincuentes
El 08 de junio se informó de la baja del inspector de Investigaciones Gabriel Pozo Cuevas por dar muerte a una menor de edad mientras conducía en estado de ebriedad.
El 11 de junio se informó sobre la suspensión de 5 funcionarios de Investigaciones mientras se investiga su relación con una red de prostitución infantil, 3 de ellos serían formalizados el 1 de julio, otros dos funcionarios serían formalizados posteriormente, y aunque se negó oficialmente, a raíz de la gran cantidad de casos se adelantó el cambio del alto mando de la Policía de Investigaciones, pasando a retiro 4 altos oficiales policiales; fuentes de la institución indicaron que la responsabilidad de estos altos jefes sería, en un principio, la cadena de irregularidades que se ha venido registrando en los últimos años y la falta de control por parte de las jefaturas a cargo de tomar medidas anticorrupción.
El 22 de julio se informó sobre otros cuatro funcionarios, un sargento, 2 cabos segundos, y un cabo primero sancionados por el hurto de los bienes desde un predio perteneciente a Forestal Arauco, y de otros dos, un cabo y un carabinero por incumplimiento de deberes ya que, estando al tanto de lo ocurrido, no denunciaron el ilícito.
El 03 de agosto se informó de la baja del comandante (Teniente Coronel) Rodrigo Salazar, al verse involucrado en un accidente automovilístico en la intersección de Grecia con Coronel Sepúlveda en la comuna de Peñalolén.
El 27 de agosto se informó sobre el procesamiento por violencia innecesaria a los miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros, Daniel Riquelme Ruiz, Patricio Lagos Rivera y Juan Burgos Herrera, quienes agredieron a la prensa durante la llamada “revolución de los pingüinos”.
El 06 de septiembre se informa de un accidente vehicular protagonizado por el subcomisario Víctor Salazar Ferrada de la Prefectura de la Policía de Investigaciones de Lebu, quien conducía en estado de ebriedad.
El 19 de septiembre se informó sobre el incidente donde un carabinero de civil, identificado como el “Jorgito” habría disparado en contra de al menos tres personas en una celebración esta madrugada en la comuna de Coronel.
El 21 de octubre se informó sobre la baja de un carabinero que golpeó alevosamente a un comunero mapuche, ello mientras era filmado por periodistas de Canal 13; la subsecretaria de Carabineros de la época señaló además que el resto de los funcionarios involucrados serían sancionados.
El 22 de octubre se informó sobre el procesamiento del capitán de Carabineros de Osorno, Marcelo Morales Herrero, denunciado por sus subalternos por diversos delitos, entre ellos injurias contra subordinados, debido a que algunos de ellos poseen apellidos de origen mapuche.
El 23 de octubre se informó sobre el procesamiento del cabo de Carabineros Ramón Pavéz, por violencia innecesaria con resultado de muerte del arquitecto Mario Antonio Oviedo Aguilar, el 28 de junio quien falleció en un confuso incidente ocurrido en un pub del barrio Bellavista.
El 07 de noviembre se informó sobre la baja del cabo segundo Roberto Villarroel Morales y el carabinero Jorge Licanqueo Huanchacura, quienes se señaló trataron de hacer una broma a la jefatura de la unidad simulando un artefacto explosivo.
El 10 de noviembre se informa de la formalización por los delitos de cohecho, violación de secreto profesional y violación de secreto profesional agravado, del inspector de la Policía de Investigaciones Jorge Núñez, quien desempeñaba sus funciones en la localidad de Lautaro, Región de La Araucanía.
El 08 de diciembre se informó sobre el procesamiento del Capitán de FF. EE. Víctor Ortiz Oyarce, quien sería el responsable de efectuar un disparo de perdigón que hirió gravemente en el ojo derecho a la menor Kattya Rojas Mora (11), el 29 de marzo en la comuna de Pudahuel.
HECHOS DEL 2010
El 04 de enero se informa sobre el procesamiento del carabinero de Fuerzas Especiales, Ivar Barría Álvarez, acusado de agredir en mayo de 2008 al fotógrafo chileno de la agencia noticiosa española EFE, Víctor Salas.
El 07 de enero se informó sobre el arresto del carabinero Eduardo Erte Iribarra, por parte de la Policía de Investigaciones imputado de asaltar a un peatón en la comuna de Pudahuel.
El 09 de enero se informó de la expulsión del detective Jonathan Catalán y los subinspectores Julio Prado y Jorge Salazar, todos funcionarios de investigaciones por su participación en un robo y secuestro.
El 15 de enero se informó sobre la condena en primera instancia a 2 años de pena remitida al cabo de Carabineros Walter Ramírez por su autoría de la muerte del estudiante Matías Catrileo, hecho ocurrido el 3 de enero de 2008 en el fundo Santa Margarita de la Región de La Araucanía; cabría agregar al respecto que el carabinero no sería dado de baja sino que trasladado a trabajar a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Coyhaique, donde dicho sea de paso el funcionario pasa a recibir un sobresueldo equivalente a casi el doble del que percibía.
El 21 de enero se informó sobre el escándalo por la falsificación de firmas en la prefectura de Cautín, que culminó con la baja, procesamiento y prisión preventiva del oficial Lucio Gutiérrez Peña y el ex sargento 1º Américo Vargas Torres, así como la fuga del Mayor Jorge Vallejos.
El 27 de enero se informa sobre la suspensión del coronel Jorge Fernández de Carabineros, a raíz de la denuncia del cabo Blas Herrera, quien resultara con quemaduras químicas durante un curso de instrucción de Fuerzas Especiales de la institución.
El 21 de marzo se informó sobre las indagaciones tendientes a dar con el paradero del Asistente Policial Francisco Javier Peredo Alvarado por su participación en el asalto al local de “Cambios Money Exchange”, en la comuna de Providencia, el sujeto sería posteriormente detenido.
El 03 de mayo, se informó sobre la baja del funcionario Julián Alonso González Venegas quien fuera formalizado por intentar abusar sexualmente de una menor de 14 años.
El 24 de mayo se informó sobre la condena del subprefecto de la Policía de Investigaciones Javier Varela Torres quien fue llevado a juicio por agredir a su hija, amenazar con arma de fuego al pololo de ésta y por las lesiones ocasionadas al padre de este último.
El 26 de mayo se informó sobre la detención y puesta a disposición del Ministerio Público del carabinero Sergio Aguilar Avila, luego de ser sorprendido cuando manejaba un automóvil que tenía encargo por robo y la patente adulterada.
El 27 de mayo se informó sobre la detención y baja del cabo Andrés Santibáñez Urbina y del sargento Nelson Hormazábal Fritz, quienes formaban parte de una red de protección de delincuentes que robaban cajeros automáticos; posteriormente serían dados de baja otros cuatro funcionarios, los carabineros Maximiliano Iturra Bravo y Ricardo Núñez Montecinos, y el suboficial Juan Muñoz Orellana, y el suboficial Jorge Fuenzalida Molina; luego el 10 de junio sería dado de baja otro carabinero.
El 30 de agosto se informa sobre la baja del suboficial mayor de Carabineros Víctor Hugo Navarro Coyopae, imputado como autor de abusos sexuales a dos mujeres de Puerto Montt; el uniformado habría cometido los delitos cuando estaba a cargo de la patrulla vecinal destina a brindar apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar.
El 06 de septiembre se informó sobre la formalización del comisario de la Policía de Investigaciones Juan Sanhueza Martínez y del inspector Juan Carlos Duque Gutiérrez por cohecho, robo y amenazas.
El 09 de septiembre se informó sobre la baja de tres funcionarios, tras la golpiza propinada a un hincha del club “Ranger” de Talca, quienes fueron filmados por una cámara de TVN.
El 06 de octubre se informó de la detención del Asistente Policial Lionel Amador Castro Castillo, tras colisionar con un inmueble en Recoleta.
El 15 de octubre se informó de la baja de un funcionario de carabineros Omar Vicencio por omitir la entrega de antecedentes en torno al asesinato de la joven Estefanía Alfaro en la comuna de La Pintana, quien habría estado ligada sentimentalmente a un Teniente de la institución, este último terminaría suicidándose.
El 24 de noviembre se anunció el procesamiento de tres funcionarios identificados como Francisco Sepúlveda, Luis Espinosa y Víctor López a raíz de su participación en una red de prostitución infantil en Valparaíso.
El 14 de diciembre se anunció la baja a seis funcionarios de la institución por “maltrato psicológico” a un ciudadano durante su detención; se trataría de dos tenientes, dos subtenientes y dos cabos, todos de dotación de la 50ª Comisaría de San Joaquín, así mismo se anunció la remoción del comandante de la unidad, Mayor Jorge González.
Por Jorge Ojeda Frex
Tomado de Violencia y Control Social (Título levemente modificado).
Rapa Nui: clan Hitorangi denuncia que Carabineros los tiene sitiados en hotel Hanga Roa ( El Ciudadano).
Vocera de los Hito denuncia que no los dejan proveerse ni de alimentos.
Una situación sin precedentes y de carácter gravísimo está ocurriendo en el hotel Hanga Roa de Isla de Pascua, que está ocupado por sus legítimos dueños, el clan Hitorangi: un fuerte contingente policial –bajo las órdenes del Ministerio Público- lo mantiene rodeado sin dejar entrar ni salir a ninguna persona. Esto ocurre desde el 13 de enero.
Según uno de los abogados de los Hito, el ex fiscal de Isla de Pascua Oscar Vargas, “este es un arresto domiciliario obligatorio -que deriva en un ayuno obligado-. Esto se hace a través de vías de hecho sin existir resoluciones judiciales ni facultades del Ministerio Publico para ello. Estas medidas se toman por supuestos delitos –como la usurpación no violenta- que según la legislación chilena sólo llevan aparejadas penas de multa. Y además, en este caso, se deben aplicar rebajas en virtud de la Ley Pascua y dado que los implicados son naturales de esta Isla”.
Estas acciones ocurren un día después que el juez subrogante de Isla de Pascua, Jacobo Hey, se inhabilitara –aduciendo amistad con algunos de los Hito- para conocer la causa por usurpación impulsada por los inversionistas del Hotel, liderados por Jeanette Schiess.
Los Schiess –desesperados al no conseguir la formalización de los Hito y el desalojo del Hotel- presentaron –este 14 de enero- ante la Fiscalía de la Isla un reclamo o denuncia contra el mayor de Carabineros por abstenerse de ordenar el ingreso al hotel y la detención de los miembros de la familia Hito.
“Con esta absurda medida del fiscal, lo único que se está haciendo es vulnerar sensiblemente los derechos humanos del Pueblo Rapa Nui, incluyendo su derecho a la vida (no los dejan proveerse de alimentos) e integridad psíquica”, sostuvo Vargas.
Cabe tener presente que los dos padres de unas mellizas de dos años se encuentran en el interior del hotel y para mantener vigente su causa, no pueden siquiera salir para verlas y cuidarlas porque luego no se les permitirá ingresar. Los miembros del Clan Hitorangi están desesperados al verse rodeados de un contingente policial que hace recordar los lamentables hechos represivos de diciembre pasado que fueron conocidos por la comunidad internacional y respecto de los cuales incluso existió un pronunciamiento del relator de la ONU James Anaya.
Previendo esta situación, el equipo jurídico del pueblo Rapa Nui alcanzó a ingresar –a las 00:16 horas de este 14 de enero- un recurso de amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esto, con el fin de resguardar la integridad de los ocupantes y dueños ancestrales de las tierras del hotel Hanga Roa. Esta acción se interpuso al conocerse la solicitud del fiscal de la Isla hecha al tribunal (que en este momento no tiene juez quedando toda la isla en el más absoluto desamparo) que buscaba se les autorizara el ingreso al Hotel a fin de acreditar la existencia de “otros delitos” distintos a la usurpación, que no se especificaron. “En realidad lo único que buscan es detener a nuestros representados para luego impedirles el ingreso a su legítimo terreno”, según expresó el abogado Oscar Vargas.
Marisol Hito, vocera de los Hito, hizo un llamado urgente a los organismos internacionales a que presionen al estado chileno con el fin de detener los abusos contra el pueblo Rapa Nui.
Clan Hitorangi – Prensa Rapa Nui
sábado, 15 de enero de 2011
CHILE: LA PRIMERA QUINCENA ARDIENTE DE 2011.
1. Melisa Silva de 23 años y Claudia Castillo de 19 fueron asesinadas en Punta Arena –Región de Magallanes- por un vehículo cuyo conductor, sospechosamente, todavía no es encontrado por las policías. Cuando fueron arrolladas por el carro, las muchachas batían cacerolas en el marco del paro general y protesta histórica –apenas comparable al “Magallanazo” de 1984 acaecido durante una visita de Pinochet a la zona más austral de Chile y el mundo- convocada por la Asamblea Ciudadana de Magallanes que aglutina a todas las fuerzas en términos políticos y sociales, de manera transversal ante el alza arbitraria del gas de casi un 17%. La Región de Magallanes se encuentra asentada en uno de los territorios más extremos, duros e inclementes del planeta y sólo limita con la Antártica, donde Los Andes se hunden en el mar. Los 160 mil habitantes de la Región no sólo contienen una fuerte ascendencia de la colonia otrora yugoslava, sino que sus relaciones con la sociedad patagónica argentina se confunden en el fin helado del sur. Por lo demás, según el Banco Mundial, la zona sufre un 30% de carestía general superior al promedio nacional. La vida en el agreste suelo magallánico es carísima debido a su aislamiento y, a causa de las frías temperaturas, el consumo de gas de la población es como el pan y el agua. En la zona se asientan las principales reservas de petróleo y gas de Chile. Lo demás es ganado ovino, mucho después bovino, y algunas especies marinas. Por eso el anuncio del gobierno Piñerista de elevar el precio del gas se liga inmediatamente a la preparación de condiciones para la privatización de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), una de las pocas industrias, junto al 27% de la propiedad del cobre, que permanece en poder del Estado. Por ello en los primeros días de 2011, el paro y la protesta se multiplicaron mediante movilizaciones que adquirieron diversas formas. Las más aguerridas estuvieron protagonizadas por los trabajadores y sus familias empobrecidas, pero abarcaron el descontento de todos los sectores del territorio. El gobierno central inventó una mesa de diálogo, y puso a un obispo como mediador. Sin embargo, contradictoriamente, también negó la posibilidad de echar pie atrás a la medida antisocial. Podrá postergarla, amortiguarla, matizarla transitoriamente para intentar detener el descontento popular. Sin embargo, Piñera está mandatado por el programa contrarrevolucionario y antipopular del imperialismo financiero y sus instituciones tutelares sintetizados en el actual contenido del Estado, a continuar la gesta ominosa iniciada por la dictadura militar y profundizada por los gobiernos civiles de la Concertación, tendiente a maximizar las ganancias de la minoría en el poder mediante la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, el despojo de las riquezas naturales, y la privatización de industria nacionalizada. A menos, naturalmente, que el pueblo trabajador oponga combate duro de acuerdo a su organización, estatura de resistencia, ampliación y legitimidad de la justeza de su lucha presente.
Por su parte, no faltaba más, la entidad de los dueños y capataces del país, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), a través de su presidente, Lorenzo Constanz, y luego de reunirse con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo un llamado a establecer “con urgencia” una mesa de diálogo. No vaya a ocurrir que las evaluadoras de riesgo internacionales dependientes de los capitales financieros acunados en los Estados imperialistas bajen la notas de Chile como país “confiable” y con la paz y mansedumbre socialmente necesarias para las inversiones transnacionales.
2. De acuerdo a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), el 2010 las exportaciones de Chile alcanzaron más de 69 mil millones de dólares. Casi 40 mil millones de dólares correspondieron a cobre (monto que no considera todos los minerales valiosísimos que se extraen y sacan del país como trozos de roca no refinados en Chile), consolidando el patrón mono exportador, extractivista y negación de la diversificación industrial que gobierna la economía del país, volviéndolo extraordinariamente vulnerable y dependiente de la demanda de los mercados asiáticos. El resto fue celulosa, vino y fruta fresca. Las ganancias provenientes del metal rojo y sus estratégicos componentes minerales simplemente saqueados, terminan por reciclarse por medio de instrumentos y activos financieros y bursátiles, que son los que finalmente determinan su movimiento y precio.
Por su lado, el oficial Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que en los primeros 9 meses del gobierno de Sebastián Piñera, se han “creado” 385 mil nuevos empleos a escala nacional. Sin embargo, más de 200 mil se explican por trabajo a cuenta propia, es decir, trabajo informal sin acceso a seguridad social de ninguna especie, y apenas 25 mil puestos de trabajo con contrato y previsión social (industria especulativa de las AFP’s). Lo demás es mal trabajo, subempleo y tercerización. En buenas cuentas, se amplia el trabajo asalariado en las peores condiciones posibles, irresponsabilizando al Estado del carácter estructuralmente precario, rotativo e inseguro del empleo.
Pero las malas noticias no se detienen aquí. En los días venideros el pasaje del transporte público de la Región Metropolitana, el Transantiago, aumentará a más de un dólar y el metro de la Capital, aun más. Toda vez que el combustible podría aumentar 40 pesos el litro, por efecto del incremento del precio internacional del petróleo, lo que a su vez, encarecería todas las mercancías, mientras los salarios se mantienen intactos hace mucho tiempo, y un porcentaje ascendente de trabajadores llega a fin de mes en virtud del crédito de consumo fácil y el subsecuente sobreendeudamiento.
El 40% de la propiedad estatal del sistema eléctrico asociado a la producción eléctrica de la industria del cobre (ex Edelnor), mientras tanto, en los próximos días será transado en la Bolsa de Comercio de Santiago por un valor estimado de mil millones de dólares que, de acuerdo al discurso gubernamental, serán reinvertidos en Codelco. Es como vender la visión para comprar un par de gafas.
3. Por arriba, políticamente, para dicha de la UDI y su fe de imponer para las presidenciales al actual ministro de Educación, Joaquín Lavín, fue revocado el único ex democratacristiano del Ejecutivo y que estaba a la cabeza de la cartera de Defensa, Jaime Ravinet, por sostener ante las cámaras, sin percatarse de ello el pobre, que la instalación del puente mecano sobre el río Biobío –una de las zonas más devastadas por el maremoto-terremoto de febrero de 2010- “vale callampa” (callampa=verga). Formalmente, Piñera cuestionó la gestión de Ravinet por la licitación del Ejército para comprar una casa de un millón de dólares al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Cristian Le Dantec. Es el primer ministro que cae durante la actual administración, mientras la prensa de ultraderecha reivindica el éxito de Lavín en el aumento de los puntajes de la prueba de admisión de las universidades para estudiar carreras pedagógicas. Este punto es una de las medidas de Lavín para el supuesto mejoramiento de la calidad de la enseñanza en Chile, junto a la conversión de lo que queda de educación municipalizada dependiente del Estado en verdaderas empresas productoras de trabajadores obsecuentes y funcionales a la organización del trabajo ordenada por el capital y sus empresarios.
En tanto, tras la Junta Nacional democratacristiana, su Consejo Nacional quedó compuesto en más de un 70% de nuevos integrantes, muy allegados al conservador presidente de esa tienda, Ignacio Walker. Siguiendo los pasos de la UDI, la DC se quiere lavar la cara sin atractivo y en crisis con rostros jóvenes que representan los mismos objetivos de clase y similares políticas de un partido que es una especie de Renovación Nacional (tienda propiedad de Piñera) que en el pasado basculaba la política del país y decía reflejar el sentir de los sectores medios, pero que hoy se despeña a vista y presencia de quién guste.
4. Un nuevo incidente de la historia de la vergüenza histórica y antisoberanista, la protagonizó el chileno y socialista Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ubicando a Venezuela en el banquillo de los acusados y amenazando a la República Bolivariana de aplicarle la denominada "Carta Democrática" para excluirla de ese foro internacional, igual como hace casi medio siglo lo hicieran con Cuba. De peones del imperialismo norteamericano en Chile hay para exportar.
x Andres Figuera.
____________________________________________________________________________________
Alza del gas en Magallanes: Crónica de una promesa incumplida ( El Ciudadano).
Inconsecuencia política, disconformidad al interior del oficialismo y la enérgica voluntad del pueblo de Punta Arenas son los rasgos de un nuevo polémico episodio de la administración Piñera.
Apenas tres meses antes del estallido del conflicto que hoy vive Punta Arenas, Sebastián Piñera viajó a la región y dio su palabra a los habitantes: “Le digo a los magallánicos que no hay nada que temer, porque hay buenas razones para que el precio del gas, que es un elemento tan vital en una región que tiene tantas dificultades y frío, se mantenga en condiciones más favorables para la gente de Magallanes que para el resto del país”. Las palabras que el Presidente expresó ante el pueblo, que durante las elecciones 2009 lo favoreció con más de un 55% de los votos, comenzarían a desvanecerse rápidamente a comienzos de este año.
La noticia del alza en el precio del gas cayó como balde de agua fría sobre los hombros de los magallánicos. ENAP anunció que las nuevas tarifas para la distribución del hidrocarburo a Gasco aumentarían en un 16,8%, encareciendo considerablemente el costo de la vida en Punta Arenas.
Horas después, el pueblo magallánico invadió las calles de la fría región para manifestar su más absoluto rechazo a la medida. Los anuncios golpeaban uno de los puntos más débiles para sus habitantes, quienes pagan 22 mil pesos por una cuenta de gas que en Santiago multiplicaría casi 10 veces su valor. La diferencia está en el consumo de dicho recurso debido a las complejas condiciones climáticas de la zona.
Inconsecuencia política
La potencia de la resistencia magallánica ante las nuevas noticias pilló de sorpresa al gobierno de Sebastián Piñera, que comenzaría a defender la polémica decisión cayendo en una serie de errores políticos que incluso llevaron a Ricardo Raineri, ministro de Energía, a catalogar como una “fiesta” las condiciones en el subsidio del gas para la región.
El Gobierno argumentó que gran parte del costo del gas seguirá siendo subsidiado por ENAP, aumentando el precio en un 3%. Además, el Mandatario señaló que la decisión será potenciada “a través de subsidios para hacer más eficientes térmicamente las viviendas y subsidios para cambiar los calefactores por tecnología de punta”.
El rechazo tras la decisión de las autoridades no se manifestó sólo en el repudio ciudadano. “Creo que hay que tomar medidas más concretas y entender que el mercado no resuelve las cosas, y que lenguajes como el de ‘la fiesta se acabó’ no es propio para iniciar un debate público sobre este tema”, expuso el ex presidente Ricardo Lagos, contribuyendo a la discusión política.
Las críticas no sólo se surgirían desde los detractores del Gobierno, lo que reflejó la molestia existente al interior del propio oficialismo. “Yo creo que los paliativos son más de lo mismo, esto es bien raro. Se acota, se limita un subsidio y luego se dan una especie de atenuantes para el alza”, expresó Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional. Por otra parte, el senador Alberto Espina (UDI) manifestó que gracias a esta medida “se compra un conflicto absolutamente gratuito con una zona muy importante para el país y por una cantidad de plata muy baja”.
Así, como una bomba de tiempo al interior de La Moneda, los ataques a la labor de las autoridades estallarían desde todos los sectores, poniendo en jaque, una vez más, la frágil credibilidad del Presidente de la República.
La sorpresiva organización magallánica
La criticada decisión del gobierno consiguió revelar la fuerza del movimiento ciudadano en Punta Arenas. Tal como relata César Andrades, quien ha participado de cada una de las manifestaciones que han sucedido: “Lo único que ha provocado esta impopular alza, es reforzar una vez más nuestra fuerte identidad territorial y cultural con el resto de Chile, algo que los ministros y los personajes de gobierno jamás lograran entender en su pensamiento tecnócrata de corto alcance, el gas sale de la tierra en que nacimos y es de todos nosotros”.
Si bien la voz de César es una de las miles voces anónimas que han decidido llenar las calles magallánicas para defender las condiciones que les permiten vivir en una zona de naturaleza inhóspita, son muchos los oriundos de la región que han debido mirar el conflicto desde afuera, informándose a distancia acerca de lo que sucede en sus tierras.
Es el caso de Karin Undurraga Biskupovic, estudiante de la Quinta Región, quien destaca “el grado de concientización al que han llegado las organizaciones sociales y la gente en general respecto de los temas de fondo que están involucrados en las decisiones que está tomando el gobierno de Piñera”.
En conjunto a los nativos y habitantes de Punta Arenas, la Asamblea Ciudadana de Magallanes ha asumido la tarea de doblegar la enérgica voluntad del Gobierno. En este sentido, la voz de José Hernández, vocero de la Asamblea, se ha vuelto uno de los mensajes más representativos de la decidida respuesta magallánica. “Nosotros no tenemos ningún apuro en levantar el paro, en lo que sí tenemos apuro es en que el Gobierno nos solucione el problema”, señaló, dejando claro la firme determinación de la organización ciudadana, que podría ser decisiva en el futuro del conflicto.
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
HUELGA SUPERMERCADOS MONTSERRAT: TOMA DE LOCAL EN INDEPENDENCIA (Radio 1 de Mayo).
Nuestros compañeros se han tomado el local ubicado en avda Independencia Nº 2127, en la comuna de Independencia!!!
Asiste al Supermercado Montserrat más cercano y conoce de la situación de los (as) Trabajadores (as). Aporta para mantener la Huelga.
COMUNCADO DEL SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESAS DE SUPERMERCADOS D&S Y OTROS.
Estimados amigos (as) y compañeros (as) :
Comunicamos a ustedes , que debido a la nula disposición de parte de la empresa , para llegar a un acuerdo en las conversaciones y mesas negociadoras, por votación de la Asamblea se ha decidido que desde el miércoles 12 de enero de 2011 , se hará efectiva la Huelga legal de los Trabajadores (as) de Supermercados Montserrat, a partir de las 08:00 hrs.
Por la dignidad de los trabajadores , por el derecho a un sueldo justo y digno !!...daremos la lucha hasta las ultimas consecuencias ....
Viva Chile y vivan los Trabajadores!!
Saludos fraternales
Vicky Bravo
Dirigente Sindical
Sindicato Nacional Interempresas de supermercados D&S y otros
Fuente EL SINDICAL
