Un mensaje enviado desde el fondo de la mina San José cuatro días después del contacto que permitió saber que los 33 trabajadores permanecían con vida, tras el colapso del yacimiento el pasado 5 de agosto. El riesgo aún es alto y no se puede cantar victoria.
Un mensaje escrito por uno de los 33 mineros atrapados en el fondo del yacimiento San José de Copiapó, da cuenta de una realidad muy distinta a la que se ha proyectado respecto de lo que ocurre a 700 metros de profundidad con el grupo de atrapados.
La nota, a la que tuvo acceso El Ciudadano, corresponde a la serie de misivas que fueron enviadas por los trabajadores atrapados a partir del contacto conseguido el pasado 26 de agosto, cuatro días después de que el país y el mundo supo que los 33 mineros permanecían con vida tras el colapso del yacimiento, ocurrido a principios de agosto.
En ella, uno de los mineros -cuya identidad mantendremos en reserva- le advierte a su ex mujer: “El cerro está muy malo aquí abajo. Nos queda muy poca mina para arrancar si pasa algo”, y le explica que sus condiciones físicas y de salud no son buenas.
La realidad indica, y el sentido común también, que los mineros no están completamente a salvo y que aún están sometidos a un peligro que escapa a las condiciones que puedan manejar desde el Gobierno o los equipos de rescate.
“A PURA AGUA”
La nota, según revelaron nuestras fuentes, fue escrita por un minero con experiencia, “un viejo que es minero de ese tipo de viejos reservados, tímidos, que conoce la mina y lo único que entiende, es que está atrapado, poco y nada sabe lo que ocurre arriba”, revela un minero de la San José.
En la misiva, el minero atrapado narra que luego del colapso de la San José permanecieron durante 15 días comiendo “una cucharada chica de atún cada 2 días”. El resto de las adversas jornadas que debieron enfrentar antes del contacto, la sobrevivencia fue “a pura agua”.
“A diferencia de algunos viejos que son de la ciudad y han venido a trabajar a la mina, esos viejos zorros perciben su drama de una manera distinta. No quieren televisión ni fotos, menos farándula”, agrega el minero que nos entregó la misiva.
“TOMAR CONCIENCIA”
Fueron estos mineros, hoy apostados en la superficie a la espera del regreso de sus compañeros desde el fondo de la mina, quienes expresaron que darnos a conocer la nota es consecuencia de la necesidad que tienen ellos de no pasar por alto la preocupación que existe por lo que sus compañeros están viviendo en el fondo del pique.
De todos modos, aclaran que después de conocer este mensaje las condiciones de sobrevivencia de los atrapados han mejorado gracias al envío de alimentos, vestimentas y otros insumos básicos, “pero las cosas abajo siguen siendo de una adversidad brutal. El cerro se sentó en el lado sur y los viejos están en el lado norte, pero los mineros con mayor experiencia saben que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, porque conocen la mina”, recalca un trabajador.
Según expresaron al hacer pública la nota no pretenden generar mayor preocupación ni alarma entre las familias y la comunidad, sino por el contrario, hacer conciencia de que “abajo los viejos están confinados, están viviendo una adversidad que dista mucho de la idea que se ha querido instalar, casi al borde de la farándula”, sostienen.
A LA USANZA DEL AMARILLISMO
Y no andan lejos en su preocupación. Los matices de este primer mes con los 33 en el fondo del yacimiento es un guión de cine que se escribe por sí solo. En poco más de una cuadra de extensión, donde se ha asentado el campamento “Esperanza”, ha surgido una suerte de micro sociedad, en la que conviven familiares, trabajadores, voluntarios, autoridades, policías, parlamentarios, fotógrafos, traductores, terapeutas de reiki, feriantes, grupos folclóricos, payasos, líderes religiosos, periodistas… y varios “turistas”, que no pierden la ocasión de tomarse una instantánea como diciendo “yo estuve en la mina San José”.
La gran cantidad de profesionales de medios de comunicación apostados en las afueras de la mina San José ha dado para todo, casi en el límite del surrealismo. O para ser más exactos, a la usanza del amarillismo.
Tras 17 días de incertidumbre respecto de la suerte del los 33 atrapados, el escenario en las afueras del yacimiento cambió radicalmente. Del malestar que habían provocado algunos titulares e informaciones entregadas por cierta prensa durante las primeras dos semanas de ocurrido el colapso, se pasó a una relación algo más amena luego del ya mediatizado mensaje “Estamos bien en el refugio los 33”, la noticia que Piñera quiso demorar sin mucho éxito.
Sin embargo, esa “buena onda” que devino tras la certeza de que los mineros de la San José sobrevivieron al derrumbe, podría variar con el transcurso de los días. La preocupación se deja ver ya, a propósito del tipo de “noticias” que buscan algunos medios, especialmente extranjeros.
Como botón de muestra ya está escrito el desagrado que causó la información entregada por un medio español que hablaba de problemas de salud causados por síndromes de abstinencia alcohólica y de drogas entre algunos mineros, cuestión que fue desmentida de inmediato por el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Ni hablar del acoso que significó para la familia del minero Ariel Ticona, oriundo de Illapel, luego de que éste no apareciera en los primeros videos de los 33 en el fondo de la mina, liberados por el Gobierno. Fue tal la insistencia en “sospechas de lo mal que estaba”, que el minero que las hizo de vocero al fondo del pique, se vio obligado a aclarar que Ticona no había salido porque “es tímido”.
A tal punto ha llegado la incomodidad ante la “cacería noticiosa” emprendida por ciertos medios, que la familia del minero Luis Urzúa tomó la decisión de no hablar con la prensa. “Nosotros vinimos aquí a sacar a los mineros, no a contar nuestras vidas”, dijo a El Ciudadano la hija del obrero.
La nota de la fotografía se condice con ese escenario. A 700 metros de profundidad hay 33 trabajadores que lidian su más importante batalla de sus vidas. Arriba, otros cientos de ellos trabajan con incansable premura para traerlos de regreso. Mientras, “plumas” al servicio del periodismo basura creen estar contando 33 buenas historias, cuando en realidad ésas se están escribiendo en las entrañas del desierto de Atacama.
Por Marcelo Garay Vergara, desde Copiapó.
Fotografía: Lorenzo Moscia
Especial para El Ciudadano
miércoles, 8 de septiembre de 2010
A un mes de la tragedia de los 33: El mensaje que Piñera no usará para la foto ( El Ciudadano).
Litio, la próxima batalla minera de Chile ( x El Ciudadano).
El debate por liberar la explotación del Litio, que actualmente se encuentra en manos exclusivas del Estado, se congeló luego del accidente en el yacimiento San José. Sin embargo, el ministro Laurence Golborne adelantó que la idea del Gobierno es “abrir” el mercado para impulsar el desarrollo de la industria, lo que inmediatamente se acusó como un indicio de privatización. Si consideramos que desde 1998 la demanda mundial de este mineral aumentó un 238 por ciento y que Chile posee el 40 por ciento de las reservas del litio, la discusión no es menor y recién comienza.
Conocido como el “oro blanco” o “el mineral del siglo XXI”, el litio ha duplicado su demanda a nivel mundial, así como sus proyecciones futuras, debido al uso que tiene en diversos sectores productivos, pero por sobre todo en las baterías recargables de equipos tecnológicos (celulares, mp3, notebooks), construcción de automóviles híbridos y en la generación de energía nuclear.
De acuerdo al doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la U.de Chile, Claudio Palma, a pesar de que el mercado del litio no puede ponerse a la par con el del cobre, las condiciones en que el mineral se encuentra en nuestro país resultan ventajosas comparadas a otros países que también lo explotan.
“Lo que hoy gatilla la visibilidad y las proyecciones del litio tiene que ver con las baterías. Es el mineral del futuro en el contexto de la solución para romper una de las grandes barreras del desarrollo de las aplicaciones móviles eléctricas. Acá en el sur están las grandes reservas de litio y a menor costo de extracción, a pesar que hay en otras partes del mundo, se ve que acá tenemos una ventaja interesante”, indicó Palma.
Sin embargo, el litio quedó al margen de la ley de concesiones de 1981 por ser un material estratégico en la fusión nuclear, es decir, clave para la energía nuclear. Es más, según la legislación, sólo el Estado puede disponer de las reservas de explotación del litio, exceptuando las constituidas antes de la publicación de la ley, correspondientes a SQM (ex Soquimich) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL).
Es por ello que, pre episodio mina San José, un desconocido ministro Laurence Golborne inició una fuerte campaña para poner en la agenda minera la liberación de la explotación del litio. Primero fue una columna en El Mercurio, una visita a las faenas de SCL y luego un seminario especialmente dedicado al tema. “El Gobierno tiene el interés de promover una reforma la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras en el sentido de liberar la exploración y abrir este mercado”, ha dicho.
Aunque según el ex diputado de la región de Atacama, Antonio Leal, se coincide con el Gobierno en la reforma que debe hacerse a ley para impulsar la explotación del mineral, la propuesta también es vista como una forma soterrada de privatizar los recursos que, a su juicio, deben continuar siendo administrados por el Estado.
“Hay que modificar la ley de concesiones para ampliar la producción del litio en el país y en eso coincidimos con el ministro Golborne y con el Gobierno. Sin embargo, esta ampliación no puede significar que se modifica la ley de concesiones sólo para hacer de este un negocio privado nacional e internacional, dejando al margen al Estado, en un negocio tan relevante”, enfatizó Leal.
Para gran parte de la oposición, el punto no está en liberalizar o no, sino en establecer la participación del Estado en una expansión del mercado que no sólo signifique un negocio para los privados. De hecho, también se ha planteado la completa estatización del recurso.
En la vereda del frente, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y algunos senadores de la Alianza han manifestado su completo acuerdo con el proyecto del Gobierno para el litio, sin entrar en detalles sobre el rol estatal y recalcando que la actual normativa “es una limitante para el desarrollo de la industria”.
No obstante, no sólo está en juego la eventual privatización de las explotaciones mineras, sino también qué pasara con los actuales contratos que Corfo mantiene con las empresas SQM y SCL hasta 2030. Actualmente, solo estas dos compañías explotan el Salar de Atacama, constituyendo un duopolio que el 2008 ya tenía el 58 por ciento del mercado mundial.
A diferencia de lo que ocurre con el cobre, ambas firmas pagan una serie de royalties e impuestos al Estado. No obstante, para el senador PS Juan Pablo Letelier, junto con la modificación de la legislación del mineral también se debe terminar con los contratos con SCL y SQM, ésta última acusada de obtenerlos de manera irregular.
“El litio va a ser trascendental para este siglo que comienza. Creemos que hay que establecer criterios relevantes para proteger el uso de este producto y que no siga en una situación de monopolio como lo está actualmente en nuestro país, en particular a través de contratos muy discutibles entregados por Lerou”, denunció Letelier.
Efectivamente, otro de los puntos interesantes de esta discusión es el oscuro traspaso de la estatal Soquimich durante la dictadura al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien actualmente preside SQM. Ponce, en asociación con la asiática Kowa, domina hoy el mercado mundial del litio desde Chile.
Considerando que desde 1998 el precio de la tonelada de litio ha subido un 238 por ciento, llegando a cotizarse en poco más de tres millones de pesos, y que Chile posee un 40 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Atacama, las oportunidades que ofrece el mineral son apetecibles por donde se le mire y hay muchos que están esperando el momento para hacer negocio.
Por Daniela Ruiz
Fuente: radio.uchile.cl
jueves, 2 de septiembre de 2010
Menores de edad recluidos en centro del Sename se suman a huelga de hambre de los presos políticos mapuche ( El Ciudadano)
Dos menores de edad mapuche recluidos en el Centro de Rehabilitación Conductual de Chol-Chol, en la IX región, adhirieron a la huelga de hambre sumando 34 los presos políticos mapuche bajo esa medida de protesta. El motivo de los adolescentes es “la nula respuesta por parte del Gobierno a las peticiones generales que demandan la gran cantidad de presos políticos mapuche en huelga de hambre”, informaron en un comunicado público.
L. M. C y J. Ñ. P, inician la drástica medida adhiriendo a las demandas de no aplicación de la ley antiterrorista en causas reivindicativas mapuche, fin al doble procesamiento, desmilitarización de sus comunidades y libertad a los presos políticos mapuche.
Los tres jóvenes mapuche recluidos en el Centro de Rehabilitación (Cereco) del Servicio Nacional de Menores (Sename) son los primeros menores en América Latina imputados bajo la ley antiterrorista, por atentar contra los fundos Brasil y San Leandro. Por ello, se consideran presos políticos y denuncian irregularidades e injusticias contra su integridad durante el período que llevan privados de libertad.
“Se han cometido violación a nuestros derechos tanto como niños y como personas privadas de libertad, desde el momento en que somos detenidos, en distintas circunstancias hemos sido víctimas de torturas y apremios ilegítimos, por parte de los organismos represivos del estado, lo cual ha dañado profundamente nuestra salud psicológica y física”, señalaron en el comunicado.
En la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil se señala como Derechos de los Infractores: “Siempre, y especialmente mientras esté privado de su libertad, el adolescente tiene derecho a ser tratado con dignidad. Bajo ninguna circunstancia puede ser torturado o tratado de manera cruel o humillante” y “Todo adolescente condenado por un delito grave tiene derecho a que la pena privativa de libertad le sea impuesta sólo como último recurso y por el plazo más breve posible”, entre otros derechos.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se manifestó en contra de la medida de los jóvenes mapuche. “Lo que hemos pedido es deponer la huelga de hambre; sumar más gente a la huelga y menores, me parece una insensatez, de verdad pienso que el sentido común, el sentido de cordura indica deponer la huelga de hambre, mucho menos involucrar a menores en esa conducta”.
Noticia en desarrollo
Por Katherine Lorca Donoso
Anexo
REPRESIÓN POLICIAL CONTRA LA INFANCIA
Un informe que entregó este año el Observatorio Ciudadano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares, da cuenta de la represión y acosamiento del que son víctimas los niños y niñas de las comunidades mapuche.
Ofrecemos un listado de sólo algunos de los casos que son una muestra de la política estatal frente a las comunidades mapuche.
16 de enero de 2001: Carabineros hieren a D.Ñ., de 12 años, hija del lonko José Ñancupil, de la comunidad de Nalcahue, recibiendo siete balines que impactaron en su espalda y brazo.
13 de noviembre de 2001: Cerca de cien policías antimotines realizan el desalojo de una ocupación pacífica del fundo El Rincón. Durante el operativo, varios niños presentaron asfixia por los gases lacrimógenos sin recibir atención.
05 y 29 de agosto de 2002: La misma niña herida el 2001, es secuestrada en dos ocasiones por desconocidos de civil que portaban armas, amenazándola de muerte a ella y su familia en caso de denunciar los hechos. La niña fue además agredida por sus secuestradores.
07 de noviembre de 2002: Alex Lemún, de 17 años (Comunidad Montutui Mapu), recibe en su frente un disparo a corta distancia con escopeta, falleciendo tras días de agonía, el 12 de noviembre. El mayor Marcos Treuer, su asesino confeso, sigue en servicio activo.
02 de abril de 2006: J.H., de 16 años (Comunidad de Temucuicui), es subido a un bus policial por carabineros de Fuerzas Especiales que custodian el terreno del particular René Urban, colindante con la comunidad, donde lo interrogan por cerca de una hora, con golpes y amenazas de muerte. El niño llegó en estado de shock a su casa.
07 de diciembre de 2006: A.L., de 8 años, pierde un dedo de su mano cuando el bus rural en que viajaba junto a otros comuneros de Temuicuicui es interceptado por carabineros, quienes dispararon balines a las personas, entre ellas a una mujer embarazada.
26 de diciembre de 2006: Se allana el domicilio de la machi Sonia Cheuque, en Padre de las Casas, donde se interrogó ilegalmente a un niña de 5 años, hecho por el que se presentó una querella contra Carabineros.
2006 y 2007: Una denuncia devela la realización de interrogatorios ilegales (sin orden judicial) a niños y niñas mapuche en colegios de Ercilla. Se les preguntaba por armas y si habían participado de tomas de terreno, y se les amenaza si no daban información. Docentes y directores no se habían atrevido a denunciar estos hechos. Se presentó recurso de protección.
02 de febrero de 2008: V.C., de 15 años (Comunidad Ankapi Ñancuhew), detenido junto a otros comuneros mapuche y llevado a la comisaría de Collipilli. Durante el trayecto, fue golpeado con armas de servicio y amenazado. Pasó toda la noche herido y en el calabozo.
Junio de 2008: L.M., de 16 años (Comunidad José Guiñon), fractura de mandíbula tras recibir un golpe con la culata del arma de un carabinero. El joven fue detenido y acusado de “daño a armamento fiscal”. Incluso el fiscal reconoce la ilegalidad de la detención.
24 de agosto de 2008: Una lactante de siete días resulta intoxicada en un nuevo allanamiento a la Comunidad de Temucuicui. Otros dos niños, de 2 y 5 años, resultaron heridos.
Septiembre de 2008: R.C., de 11 años, solicita asilo político en Suiza debido a la persecución política y jurídica a su madre, la lonko Juana Calfunao, y a su familia.
04 de diciembre de 2008: P.Q., 13 años (Comunidad de Temucuicui), detenido por policías de investigaciones y apuntado con armas, es trasladado a un retén de Traiguén. Allí es encapuchado, golpeado, interrogado y luego abandonado a más de 15 kilómetros de su comunidad. El 2007, el mismo niño recibió varios impactos de balines de escopeta antimotines en su pierna, y el 2006 fue encontrado en un cerro con hipotermia, tras arrancar despavorido por allanamiento a su comunidad. En enero de 2010, diversos medios de prensa dieron a conocer que supuestamente se le buscaba por cargos de carácter terrorista.
02 de octubre de 2009: F.M., de 10 años (Comunidad de Temucuicui), herido por balín de goma de carabineros en la región parietal (cerca del ojo), mientras cuidaba animales.
03 de octubre de 2009: A.C., 12 años, impacto en su pierna de perdigones antimotines de carabineros durante allanamiento a comunidad de Temucuicui.
05 de octubre de 2009: F.P., de 13 años, interceptado por carabineros que realizaban desalojo del fundo Santa Lucía, mientras él buscaba junto a la machi hierbas para un tratamiento, recibió impactos de balines en su pierna, codo y espalda, y luego fue subido a un helicóptero desde donde se le descolgó por los pies, amenazándolo con tirarlo al vacío.
16 de octubre de 2009: Durante un allanamiento, carabineros dispara contra la escuela de Temucuicui, donde se realizaba una reunión con funcionarios de Conaf, hiriendo a varios niños. Otros resultan asfixiados por las lacrimógenas arrojadas al interior del recinto.
01 de mayo de 2010: Una familia de la comunidad de Temucuicui, que iba con tres niños (6, 10 y 17 años), fue interceptada por carabineros acompañados del particular René Urban, mientras recolectaban leña. Reciben golpes e insultos racistas. Una semana más tarde, en el colegio, el niño fue acusado por un profesor del robo de un computador cuando él no había asistido a clases, señalándole que todo se iba a arreglar si no denunciaba a Urban ni a los policías.
08 de julio de 2010: El Ministerio Público pide la nulidad del juicio que absolvió a V.Q., de 15 años (Comunidad de Temuicui), imputada de romper ventanales de este servicio tras el paso de una marcha con el cadáver del joven mapuche asesinado por carabineros con un disparo en la espalda, Jaime Mendoza Collío, en agosto de 2009. La niña, detenida mientras desayunaba en su internado (7 de abril) por efectivos que se hicieron pasar por familiares, alega total inocencia y persecución (es hija del lonko de la comunidad). Pues pese a que el avalúo de los daños es de 78 mil pesos y no existen pruebas en su contra, la Fiscalía insiste en que el juicio sea repetido (un juicio le cuesta, en promedio, 500 mil pesos al Estado).
Por Observatorio Ciudadano
El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de los derechos humanos.
Fotografía: Asociación de Reporteros Independientes ARI
El Ciudadano
Miles marcharon por los presos mapuches
Por The Clinic
Una masiva convocatoria tuvieron las manifestaciones simultáneas realizadas en diversas ciudades del país en apoyo a los 32 prisioneros mapuches, que ya superan los 50 días de huelga de hambre. Sobre todo considerando lo “improvisada” que fue la invitación de las organizaciones y la escasa difusión que tuvo. En Santiago, la marcha iniciada a las 18:30 hrs, llenó el Paseo Ahumada con varios miles de personas. La agencia Telam dice que fueron 2.000 manifestantes. El Mercurio dice que 1.000, pero lo cierto es que varias cuadras del paseo peatonal fueron repletadas por la protesta (ver video realizado por el poeta Bruno Vidal).
En Concepción se reunieron un millar de personas, mientras que protestas similares se realizaron en Valparaíso, Puerto Montt, Valdivia, Temuco y diversas otras ciudades del país.
En el extranjero: piquetes protestaron bajo la lluvia frente consulado chileno en Buenos Aires; protesta que repitieron los mapuches argentinos en Neuquén y Bariloche. Diversas organizaciones se manifestaron también frente a embajadas y consulados chilenos en Europa y Canadá.
En Santiago la manifestación pacífica fue interrumpida al final, cuando el dirigente Erik Millán hacía un discurso, por enfrentamientos entre los habituales cabezas calientes; policía y supuestos jóvenes anarkos. Todo indica que ambos grupos, a los que habría que sumar policías disfrazados de estudiantes según los últimos antecedentes, asisten a estos eventos para continuar su interrumpida diversión y jugar a la pinta versión hardcore. Cómo se sabe, los pobrecitos se aburren con la oratoria de las organizaciones convocantes, y habitualmente aprovechan los discursos para comenzar su juego. De este anecdótico ritual salió el titular de los breves de prensa que informaron de la movilización: “Con un carabinero lesionado culminó marcha en apoyo a huelguistas mapuches“, dice El Mercurio. Porque un policía, Fernando Muñoz Pérez, recibió un piedrazo en la cabeza, dicen, sin especificar si llevaba su casco puesto.
En Temuco, en tanto, 56 personas fueron detenidas durante la marcha, realizada mayoritariamente por comuneros mapuches y estudiantes secundarios.
miércoles, 1 de septiembre de 2010
La visibilidad del proyecto revolucionario y las nuevas tecnologías
La llamada “corriente comunizadora” tiene un rasgo singular que la distingue de otras tendencias comunistas contemporáneas, y es que sus participantes han tratado de abordar viejos problemas del movimiento revolucionario sin acudir a las fórmulas esclerotizadas del materialismo dialéctico sovietizado. Es así que una de las controversias que más animan a esta corriente se refiere al problema de si el comunismo es o no una consecuencia necesaria del capitalismo y de su inminente colapso.
Dentro de la corriente comunizadora existen al menos dos interpretaciones de este problema: los de Troploin (Gilles Dauvé y Karl Nesic, principalmente) son tajantes en rechazar todo rastro de “objetivismo”, al que identifican con el determinismo economicista y mecánico del marxismo socialdemócrata. La forma más acabada de este objetivismo sería el leninismo, que asume que la revolución sólo puede ocurrir una vez que se han quemado ciertas etapas: tiene que haber imperialismo, democracia burguesa y nacionalismo para que haya revolución, y ésta tiene que ser socialista para que luego venga el comunismo. Esta visión es la que Troploin rechaza con fuerza. Y con razón, si consideramos los estudios de Marx en torno a la cuestión rusa (especialmente su correspondencia con Vera Zasulich), la obra de pensadores como José Mariátegui, y la actual catástrofe ambiental, étnica y social engendrada por el capitalismo.
Al rechazar toda forma de objetivismo, Troploin afirma que la acción de las clases explotadas es el único factor determinante en el devenir revolucionario. Llegan a decir incluso que en el pasado la revolución comunista siempre fue posible, y que si ésta no ha ocurrido no fue porque lo impidieran las condiciones estructurales de la sociedad, sino porque la voluntad y la conciencia de los explotados no estaban lo bastante desarrolladas. Dauvé y sus amigos a menudo han sido acusados de defender un nuevo “humanismo subjetivista” que ignora la importancia de aquellos factores estructurales que escapan a la acción inmediata de las personas. Ellos se defienden argumentando que es inútil analizar factores que en el pasado estuvieron fuera del alcance de los hombres, y que hoy seguirían estándolo. Para ellos las “condiciones objetivas” son una frase que oculta la sumisión de los hombres a una realidad alienante. Sólo se debe discutir, para transformarlo, aquello que como explotados podemos hacer por nosotros mismos para emanciparnos.
Por otro lado está el ambiente animado por el grupo Theorie Communiste, quienes admiten una dialéctica histórica compleja donde intervienen tanto factores subjetivos como objetivos. Para ellos el principal defecto de la perspectiva de Troploin es que no aporta herramientas conceptuales útiles para entender los movimientos revolucionarios del pasado, sus fortalezas y sus debilidades, su fracaso. Asimismo, consideran que tal punto de vista no entrega suficientes elementos que ayuden a potenciar las luchas sociales del presente, más allá de una saludable voluntad de oponerse prácticamente a la dominación. Los de Theorie Communiste piensan que se requiere un esfuerzo teórico mucho mayor, que apunte al fondo del problema. Para ellos el fondo del problema es: “La clase trabajadora desde su origen ha estado profundamente ligada a la clase capitalista, en una relación dialéctica donde ambas representan polos opuestos de una misma dinámica social alienada. De ahí provienen los límites y fracasos de los movimientos revolucionarios del pasado. La cuestión ahora es criticar esa dialéctica que mantiene unida a ambas clases en un antagonismo mutuamente dependiente, tratando de identificar los factores que pueden poner fin a esa relación”.
Pues bien, ¿dónde se encuentran esos factores? En la realidad material, concreta, inmediata, de la lucha de clases. Es decir, en el terreno donde la clase trabajadora tiene que elegir continuamente entre profundizar su antagonismo con la clase explotadora tensando la cuerda al máximo, o llegar a acuerdos con ella con tal de seguir subsistiendo como clase explotada.
Hasta ahora en la breve historia de este sitio hemos privilegiado la difusión de textos producidos por la primera tendencia, la de Troploin.
En abril pasado subí un artículo de la revista Endnotes (al parecer proclive al punto de vista de Theorie Communiste), titulado “Que los muertos entierren a sus muertos”, donde se propone un balance general del movimiento revolucionario del siglo 20 a la luz de estas discusiones sostenidas al interior de la corriente comunizadora.
Ahora les dejo un texto producido por un activista anónimo que usa el nombre de Raoul Victor, titulado: “La visibilidad del proyecto revolucionario y las nuevas tecnologías”. El autor participa en el foro de discusión del Proyecto Oekenux, que se define así:
“En el Proyecto Oekenux diferentes personas con diferentes opiniones y diversos métodos estudian las formas económicas y políticas del Software Libre. Un problema importante consiste en saber si los principios del desarrollo de Software Libre pueden constituir las bases de una nueva economía, que podría ser el fundamento de un nuevo tipo de sociedad”.
Esta preocupación por sí sola ya dice bastante en relación con la controversia que describía antes. Lo que resulta interesante aquí es que se trata de unas reflexiones nacidas de ambientes que no entroncan directamente en las corrientes revolucionarias más tradicionales. Esto les permite abordar una serie de problemas contemporáneos sin las trabas intelectuales que implica asumir –o ser acusado de asumir– de antemano posiciones “objetivistas” o “subjetivistas”. ¿No es esta capacidad de prestar atención directamente a los hechos materiales disponibles una condición para poder hacer la crítica de la economía política?
Ya a principios de los ochenta en la costa oeste de norteamérica un grupo de obreros de cuello blanco había fundado la revista Processed World, donde –influidos directamente por el radicalismo político de los setenta- publicaban sus investigaciones acerca de las nuevas formas de explotación y resistencia obrera ligadas a la introducción de la informática en el proceso productivo. Hoy en día esta preocupación está renaciendo con fuerza, no sólo en el mundo anglosajón, también en lugares que podrían parecer tan raros como la India o Chile (véase por ejemplo esta discusión que se dio en un foro creado en este país).
Lo que los autores de Processed World lograron intuir hace 30 años, hoy es una realidad palpable para una masa de explotados que pasan gran parte de sus vidas enchufados a las cadenas de montaje digital… o bien creando, con espíritu crítico, usos no alienantes para las herramientas tecnológicas disponibles. El hecho es que una nueva generación de trabajadores dedicados a la informática y las comunicaciones, empieza a preguntarse hasta dónde podrían llevarnos las lógicas subyacentes a la producción digital. Curiosamente, es en los recovecos de este sector productivo, y no en las reuniones de los viejos militantes, donde la palabra “comunismo” vuelve a hacerse oír con un sentido concreto y emancipador. Esto no es tan extraño. Lo extraño sería que alguien que se precie de “revolucionario” no preste atención a estas tendencias nacidas del seno mismo del modo de producción dominante. Eso significaría que ha entendido muy poco o nada de lo que significa ser revolucionario.
Por último, quiero dejar clara una cosa: no adhiero a una visión cándida en la que el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo abre las puertas a un mundo por fin emancipado de toda la vieja mierda. Lo que me motiva en esta discusión es la posibilidad de que ciertos desarrollos materiales como la informática ayuden a hacer más visible, más palpable, el contenido del comunismo. Pero no creo que esto sea un rasgo exclusivo de las nuevas tecnologías. Hoy en día, de hecho, la lucha de las comunidades mapuche por recobrar su vida en el Walmapu cuestionando el principio fundamental del sistema capitalista, o sea el derecho de propiedad, contiene en germen esta posibilidad de hacer visible el proyecto revolucionario. Quizás el mostrar cómo esto funciona en relación con la tecnología, sirva para motivar a otros a mostrar cómo funciona en relación con el territorio.
Uno puede prever la potencialidad comunista en el software libre tanto como en la lucha de los pueblos que se resisten a la deshumanización y al ecocidio. No creo que haya contradicción ahí.
Por Carlos Lagos Paredes
Ahí va, entonces, el artículo en cuestión, en formato PDF:
“La visibilidad del proyecto revolucionario y las nuevas tecnologías”
Fuente: comunizacion.org
Texto -de origen externo- incorporado a esta web por (no es el autor):
Cristián Andrés Sotomayor Demuth
Supuestos autores de “bombazos” niegan vínculos con okupas y ex lautaristas detenidos
Mediante un comunicado público, una serie de grupos insurreccionalistas que dicen ser los responsables de múltiples bombazos de baja potencia -que en los últimos años han ocurrido en barrios acomodados, en iglesias, bancos, empresas y edificios públicos-, afirman que no tienen nexos con jóvenes de casas okupas ni con ex militantes de organizaciones subversivas de izquierda. Por ello, la declaración aparecida en algunos sitios web señala que los actuales detenidos por el “caso bombas” no son los autores de dichas acciones.
Comunicado:
GRUPOS INSURRECCIONALISTAS ANTE EL MONTAJE DEL 14 DE AGOSTO
Escribimos desde la clandestinidad de toda Sudamérica. Delegados de los colectivos firmantes hicimos un esfuerzo con nuestros tiempos y nos autoconvocamos para enviar un mensaje de verdad a toda la población consciente que es oprimida por el estado de Chile.
1- KONDENAMOS el accionar terrorista del estado chileno, sistemático durante estos 200 años de represión y desigualdades sociales mantenidas a sangre y fuego por cada una de sus putrefactas instituciones.
2- Con toda la fuerza de nuestra sangre insurrekta REPUDIAMOS el espectáculo de allanamientos y detenciones que azotó a jóvenes populares el sábado 14 de agosto.
3- Con total y absoluta responsabilidad DECLARAMOS que TODOS los encarcelados no pertenecen ni nunca han integrado colectivos que han decidido responder con bombas a la histórica violencia estatal. Esto lo sabemos nosotros y lo sabe el gobierno del payaso Piñera y el fiscal Peña.
4- AKUSAMOS como responsables directos de este show televisivo al Estado, empresarios y prensa servil, todos ellos encubren la violencia social que imponen y apuntan al estallido de ocasionales bombas que no son más que el resultado de inequidades y opresiones propias de este capitalismo snob. LA GUERRA SOCIAL LA IMPONE EL ESTADO, no la inventamos sus víctimas, por el contrario, dejamos de ser víctimas y nos levantamos como humanos libres.
5- NUNKA hemos estado presente en las casas Okupa. Cualquier persona medianamente inteligente sabe que aquellos son espacios culturales donde la juventud se reúne a conversar, debatir y vivir una experiencia comunitaria horizontal. Si el Estado KRIMINALIZA estos lugares es por exclusiva miopía y derrota tácita de querer aniquilar aquello que no pueden comprender. La sistémica represión de todo joven es el cenit del fascista ortodoxo.
6- NUNKA nos hemos sometido ni hecho alianzas con partidos o movimientos políticos ligados a la derecha, centro o izquierda. NO TENEMOS NI REKONOCEMOS AUTORIDAD, de nadie, ni de burócratas ni ex combatientes marxistas ni personas con problemas mentales que se reivindica acciones que nunca realizaron (como ese desconocido que acuchilló a su polola y aún sobrevive en la cárcel). SOMOS LIBERTARIOS. NO TENEMOS JERARQUÍAS MILITARES NI DIRECTIVAS PARTIDISTAS. SOMOS GUERREROS DE LA LIBERTAD. SOMOS TODOS.
7- Los colectivos firmantes HEMOS KOLOKADO BOMBAS. Nuestros objetivos han sido bancos, financieras, empresas transnacionales, embajadas, comisarías, cuarteles, iglesias, partidos políticos, gimnasios de los dueños de este país, todo lo que pertenezca a los históricos opresores del pueblo trabajador. NO NOS ARREPENTIMOS, por el contrario, ES NUESTRO ORGULLO, como el que hasta ahora todas las policías ni siquiera se nos han acercado. SOMOS SU DERROTA.
8- REKONOCEMOS que el terremoto del verano afectó gran parte de las instalaciones de cada colectivo, lo reconocemos, esto ha limitado nuestras acciones y hasta ahora no se ha podido reconstruir lo perdido.
9- En estos más de 20 años recurrimos a distintos tipos de armas. Si quisiéramos habría muertos, pero no lo hemos querido. El famoso TNT ha formado parte del arsenal popular desde hace años. El ataque a la oficina Chilectra no fue el primero en que se utilizó, la totalidad de compañeros responsables de ese ataque lo manifestamos aquí. Si quieren saber de dónde lo obtenemos, la respuesta es simple: del mercado, el mismo que endiosan y protege el nuevo fiscal.
10- El fiscal Peña. Que podemos decir de él. Lo que saben todos: desde estudiante adicto a la cocaína, llamado por sus cercanos “Jalandro” por ser jalero, con un sentido de inferioridad más grande que su estatura, deseoso de poder y del sillón del fiscal nacional, amigo de los grandes traficantes de drogas en desmedro de los pequeños a los que encarceló, mentiroso, cobarde y asesino en potencia. Ese es el fiscal Peña. Periodistas: NO TENGAN TEMOR en dar a conocer la verdad de este siniestro burócrata.
11- DEKLARAMOS NUESTRO REPUDIO KOLECTIVO al montaje contra 14 jóvenes. Los culpables de los bombazos libertarios son el Estado y el capital.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITIKOS
RESISTENCIA ANTIESTATAL !!
FUERZAS AUTONÓMICAS Y DESTRUCTIVAS LEÓN CZOLGOSZ
BANDA ANTIPATRIOTA SEVERINO DI GIOVANNI
FEDERACIÓN REVUELTA 14F – BRIGADA GAETANO BRESCI
BANDA DINAMITERA EFRAÍN PLAZA OLMEDO
MIGUEL ARCÁNGEL ROSCIGNA
TAMAYO GAVILÁN
ANTONIO ROMÁN ROMÁN
COLUMNA DURRUTI
CARAVANAS ICONOCLASTAS POR EL LIBRE ALBEDRÍO
BANDAS ARMADAS Y DESALMADAS JEAN MARC ROUILLAN
26 agosto 2010
Fuente: accionpropaganda.org
Texto -de origen externo- incorporado a esta web por (no es el autor):
Cristián Andrés Sotomayor Demuth
Estado antimapuche en el año del bicentenario
Una huelga de hambre que iniciaron 21 “presos políticos” mapuche desde el 12 de julio ha puesto en la palestra -una vez más- los graves atropellos a los derechos humanos en contra de este pueblo originario por parte de diversas instituciones del Estado chileno. Con el correr de las semanas, ya son 31 los mapuche prisioneros que han adherido a la protesta. Son diversas las pruebas de que esta es una realidad en la institucionalidad chilena que ha atentado contra sus derechos desde que Chile es República.
Según sostiene el ayunante de la actual huelga de hambre, Marcos Millanao Marimán, en carta dirigida al Juez de Garantía de Cañete, John Landeros, con esta protesta buscan que se les deje de aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche; la no aplicación de la justicia militar en causas civiles, así como el fin de la militarización de las comunidades en el Wallmapu (territorio mapuche).
En solidaridad con los huelguistas, un grupo de organizaciones mapuche, representadas por Víctor Ancalaf y Antonio Cadín, acusó -el lunes 19 de julio- al Estado de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, con sede en Ginebra. “Hemos denunciado los atropellos que ha habido con comuneros mapuche, los presos políticos mapuche, la violencia policial en contra de las comunidades y los niños mapuche”, indicó Cadín a radio Bío Bío. Según él, “los presos políticos mapuche se mantendrán sin consumir alimentos hasta que sus demandas sean aceptadas”.
Ya a fines de 2007, una huelga de hambre realizada por cinco mapuche juzgados por la Ley Antiterrorista, que en el caso de Patricia Troncoso se prolongó por 110 días, generó una ola de repudio internacional contra el Estado de Chile que posibilitó la liberación parcial de los ayunantes, aunque no generó cambios en el sistema de aplicación de justicia.
La actual huelga de hambre ha desencadenado un proceso similar. El mismo lunes 19, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa que “la ley antiterrorista contempla tipos penales muy abiertos que se aplican a hechos muy diversos, y que si bien pueden ser constitutivos de delito, pueden ser juzgados por la legislación ordinaria. Por ello, los presos en huelga de hambre, se autodenominan presos políticos. Y tienen fundamento para hacerlo, porque la opción del Estado de aplicar la ley antiterrorista es una opción política”.
El Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en su Informe de recomendaciones a Chile, del 15 de septiembre pasado, sostuvo: “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Un planteamiento similar había sido hecho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2009).
Mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista se puede mantener en prisión preventiva a los acusados por hasta dos años. Además, supone la existencia de un sumario secreto, sin acceso a la investigación para los abogados defensores y permite “testigos sin rostro”. Lo más grave: triplica automáticamente el monto de las penas. Todos estos son elementos que contravienen las legislaciones internacionales y pactos que el Estado de Chile ha adherido y no respeta con su legislación interna.
Desde el retorno a la democracia, en 1990, esta normativa –que fue creada en 1984 por el dictador Augusto Pinochet- ha sido utilizada casi exclusivamente contra los mapuche, a pesar de que como resultado de sus acciones de protesta no ha muerto nadie.
ABUSOS POLICIALES, JUDICIALES E INSTITUCIONALES
El 23 de junio pasado, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) entregó en La Moneda el Informe de derechos humanos 2010, que contiene un detallado relato de casos de represión y atropellos a mapuche. Allí se asegura que -al 6 de junio de este año- había 96 presos políticos y/o procesados por la Justicia, 57 de ellos en virtud de la Ley Antiterrorista.
En el Informe del CECT se afirma que fiscales del Ministerio Público ofrecen rebajas de penas y dinero con el fin de que ciertos mapuches culpen a otros. Previo a estos ofrecimientos, “los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la Policía”.
Es el caso de Sergio Reyes, quien fue acusado de ser autor de dos asaltos a mano armada ocurridos entre 2004 y 2005. Éste denunció, en enero pasado –por medio de una carta enviada a Radio Bío Bío- que el Fiscal Servando Pérez le ofreció beneficios procesales a cambio de que inculpara a los otros imputados: Elena Varela y Kenny Sánchez. Reyes se negó. Finalmente, en el juicio oral registrado en Villarrica (abril de este año), los tres fueron absueltos por falta de méritos. Sin embargo, por haber sido procesados por la Ley Antiterrorista, permanecieron casi dos años privados de libertad.
Cuando Varela fue detenida, realizaba el documental Newen Mapu, que trataba sobre el conflicto entre los mapuche y el Estado. Los archivos audiovisuales le fueron requisados y gran parte de ellos aún no se le han devuelto. Reyes Matus vivió su reclusión en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago. Durante 18 meses permaneció con un régimen de 22 horas de encierro diarios y en soledad.
También los niños mapuche han sido víctimas principales de la violencia policial. Según se consigna en el mismo informe de la CECT, hay 21 casos de detenciones de menores de edad y cientos de otros casos de golpizas, humillaciones y atropellos.
El 5 de octubre de 2009, el menor de iniciales F. P. M., de 14 años de edad, de la comunidad Rofue, cercana a Temuco, “recolectaba hierbas junto a la Machi (sabia curandera) de su comunidad. En ese momento, se encuentran con un grupo de Carabineros, que perseguía a comuneros que vinculaban a la toma del Fundo Santa Lucía. Al menor, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le disparan balines en su pierna, codo y espalda. Al intentar huir, el niño es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por cerca de tres kilómetros. Una vez reducido (…) lo obligaron a subir al helicóptero y lo golpean con las manos amarradas. Ya en vuelo, con las puertas abiertas, mientras F.P.M. permanecía con la cabeza hacia el exterior, lo amenazan con lanzarlo al vacío si no daba nombres de quienes participaban en la ocupación del predio Santa Lucía (Maquehue)”.
Por este caso, el 22 de octubre de 2009 se presentó una querella criminal contra Carabineros. El Tribunal de Garantía se declaró incompetente y lo pasó a la Justicia Militar, la que ha tramitado en la última década cinco procesos por asesinatos a mapuche realizados por policías y en ninguno de ellos ha habido castigo efectivo para los responsables.
A pesar del clima de represión, la movilización mapuche continúa. En julio (al cierre de esta edición) comunidades adscritas a la Alianza Territorial Mapuche, han ocupado parcialmente, en la comuna de Cunco –cercana a Temuco-, tres fundos cuya extensión alcanza en su conjunto las tres mil hectáreas, también en Ercilla y el Alto Bío Bío. Los comuneros piden dialogar con el gobierno de Sebastián Piñera sobre sus demandas territoriales.
EL MEGAJUICIO IRREGULAR
Junto a la huelga de hambre, otra coyuntura está poniendo de relieve el “conflicto mapuche”. Se trata del megajuicio contra los comuneros de Lleu Lleu, provincia de Arauco, a quienes se acusa de atentar -el 15 de octubre de 2008- contra la vida del fiscal especial para causas mapuche, Mario Elgueta. El hecho ocurrió en el sector de Choque, cerca del lago Lleu LLeu (región del Bío Bío), una de las zonas más convulsionadas por el conflicto. Dicha acción finalizó con cinco policías y el propio fiscal con lesiones leves, fruto de heridas con perdigones.
El fiscal que investiga este atentado, Andrés Cruz, agrupó junto a este caso otros supuestos delitos ocurridos en el último lustro: “Robos con intimidación, incendios terroristas, asociaciones ilícitas terroristas y robo de madera a empresas forestales”. Ha imputado a 19 comuneros y citado como testigos a 234 personas, entre ellos 36 testigos sin rostro (sin identificación conocida) y a más de un centenar de policías. La audiencia de formalización del juicio oral –que ha generado gran expectativa- está fijada para el 9 de agosto.
El abogado Nelson Miranda, defensor de 5 de los imputados, cuestiona que los acusados están siendo doblemente juzgados: “La Justicia Militar, luego de hacer una reconstitución de escena –en noviembre pasado- sobreseyó a seis comuneros por falta de méritos. Sin embargo, por los mismos hechos y con las mismas pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación por delito terrorista y atentado al fiscal contra estos mismos mapuche y solicita 50 años de cárcel”.
En este juicio también ha habido presiones indebidas. Según informó el 12 de enero el periódico electrónico País Mapuche, el fiscal Cruz envió un asistente a la Cárcel de Lebu -150 kilómetros al sur de Concepción- para tentar a Eduardo Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 por esta causa. Le ofreció “excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que inculpe a dos de los comuneros detenidos junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Se trata -del antes citado ayunante- Mauricio Millanao y de Juan Millanao Painemil.
Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña, que desde hace décadas lucha por la recuperación de tierras que en este momento están en manos de forestales. Eduardo Painemil rechazó la oferta. Sin embargo, el fiscal los acusó de otros delitos con el fin de mantenerlos en prisión preventiva.
A pesar de la parcialidad con que ha actuado el Ministerio Público en contra de los comuneros mapuche, varios jueces y cortes han intentado poner límite al accionar de los fiscales. Prueba de ello es que la Corte Suprema acogió, el 4 de febrero pasado, un recurso de amparo presentado por el abogado Miranda en favor del dirigente mapuche de la Comunidad Juan Lincopán –próxima al lago Lleu Lleu- Daniel Lincopán, quien fue arrestado el 8 de diciembre pasado, en la Plaza de Cañete, por personas de civil que no se identificaron ni exhibieron orden de detención. Tras ser reducido –delante de su hija de 7 años- fue llevado a las oficinas del Ministerio Público en Talcahuano. Allí fue interrogado por el fiscal Cruz, quien había ordenado su arresto sin tener atribuciones para ello. Fue liberado ese mismo día.
Por medio de la Resolución Nº 4742, la Corte Suprema sostuvo que la instrucción dada por el fiscal de ubicar, citar y trasladar al amparado “(…) sin que mediara autorización dada por el Juez de Garantía competente, deviene en ilegal por haberse llevado a efecto con infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal”. Con base en esta resolución, Lincopán presentó una querella contra el persecutor Cruz –el 17 de mayo- que está en curso.
La Comunidad Juan Lincopán se tomó -el 10 de octubre de 2009- el fundo Ranquilhue, cuya propiedad legal es de forestal Mininco –del poderoso grupo Matte- pero que los mapuche reclaman como suyo aduciendo derechos ancestrales.
LA JUSTICIA LIGADA A LOS INTERESES PRIVADOS
El juicio por el atentado al Fiscal Mario Elgueta está siendo considerado uno de los más importantes que el Estado chileno ha impulsado en contra de comuneros mapuche. No sólo por la alta cantidad de imputados y testigos sino también por las altas penas solicitadas por el Ministerio Público, que en el caso del líder de la CAM, Héctor Llaitul, alcanzaría a los 103 años.
También porque se trata de un juicio que se da en medio de una fuerte resistencia a la instalación de megaproyectos mineros en las cercanías del lago Lleu Lleu, que es considerado sagrado por los mapuche y epicentro de su cultura. De hecho, el cuartel general del Toqui Lautaro –guerrero que lideró la resistencia en contra del invasor español, Pedro de Valdivia- se ubicó en este territorio.
La empresa Manto Rojo tiene concesión de explotación –publicada en el Boletín Minero de Santiago, edición 5864, del 20 de marzo de 2007- por un total de 600 hectáreas, en la ribera oriente del lago Lleu Lleu. Pretende extraer Vanadio, Rutilio y Escandio, mineral clave para el desarrollo de la industria aeroespacial. Según un informe del Centro de Estudios Universitarios, al empresario Leonardo Farkas Klein, presidente de Minera Santa Bárbara y Minera Santa Fe, se le han otorgado 70 mil hectáreas de concesiones para la explotación de hierro sobre la Cordillera de Nahuelbuta, al oriente del mismo lago.
Desde que en julio de 2005 se filtró la información que existían proyectos mineros en Lleu Lleu, se han registrado numerosas protestas mapuche, que han incluido tomas de caminos y expulsión, a veces violenta, de autoridades.
En la víspera de este juicio, han aparecido varios reportajes en la televisión y en medios de prensa en los que se asegura que la CAM y otras organizaciones mapuche tienen estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
El 23 de junio, el programa Contacto, de Canal 13, transmitió el reportaje “Los detalles tras la lucha armada en el conflicto mapuche”. Allí se afirmó que en “correos electrónicos encontrados en el computador de Raúl Reyes, abatido líder de la Farc, había pruebas que evidenciarían la relación entre esa organización y los indígenas”. Se expuso como prueba de este vínculo que al menos siete miembros de la CAM estuvieron en Colombia, entre 2004 y 2006. Estas argumentaciones han sido respaldadas por los fiscales antimapuche y por el fiscal regional de La Frontera, Francisco Ljubetic.
Patricia Matte, una de las ejecutivas del Canal -de la Pontificia Universidad Católica de Chile- es, junto a su familia, una de las propietarias de Forestal Mininco; empresa que posee más de un millón de hectáreas cultivadas de pinos y eucaliptus en el centro sur de Chile. Los 300 mil mapuche que viven en sectores rurales poseen, en conjunto, no más de 600 mil hectáreas.
Para abordar el “problema mapuche”, el presidente Piñera anunció -el 30 de junio- la implementación del Plan Araucanía. Ahí se compromete a crear un Fondo de Desarrollo Indígena para “reforzar proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; potenciar el apoyo para el desarrollo agrícola productivo y priorizar programas educacionales en todos los niveles, y de capacitación”.
Sin embargo, nada dice acerca de si va a poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuche y a la militarización de las comunidades. Ni de si va a implementar otras recomendaciones del Relator Especial James Anaya, como la restitución de tierras. Tampoco de cómo se va a aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Chile desde septiembre pasado, que contempla la necesaria consulta a las comunidades para la implementación de proyectos productivos.
Por Francisco Marín Castro
El Ciudadano N°85, primera quincena agosto 2010
Terrorismo, razón de Estado
Al hablar de violación de derechos humanos o de dictadura, suele asociarse a un tiempo lejano que “es más cómodo no recordar”. Sin embargo, a casi 37 años del inicio de ese oscuro trozo de nuestra historia, en Chile, las fuerzas de orden público continúan ejerciendo violencia, amparados en la herencia del aparataje jurídico que la justifica y legitima. La Ley Antiterrorista, aplicada casi exclusivamente a las demandas del pueblo Mapuche, es una muestra de ese legado que sigue vigente.
Las leyes “anti-terroristas” no son más que un fenómeno de proyección política de las propias instituciones, en relación a su propia perversidad y crueldad, sobre aquellos que cuestionan el accionar de éstas. Aquellas leyes son mecanismos de defensa, de un organismo enfermo, que busca evitar sentir terror o pánico de perder su posición en la sociedad o en el mundo. Andrés Bianque
El modelo neoliberal impuesto en esos años y desarrollado por la Concertación, se basa en la explotación de recursos naturales y su exportación en manos de grupos privados nacionales y transnacionales. Éste no salvaguarda la riqueza nacional, ni implementa políticas de desarrollo sustentable. Tampoco respeta personas ni el medio ambiente.
Este modelo ha generado el progresivo rechazo y levantamiento de distintos grupos sociales que se han encontrado con una respuesta del Estado que se ha manifestado en coerción y castigo, situación que se agravó frente al pueblo mapuche cuando decidió defender su territorio ancestral, intrínsecamente ligado a su propia existencia. Ellos han recibido del Estado, según Alberto Espinoza, abogado especialista en derechos humanos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), “la respuesta más extrema: La aplicación de la ley antiterrorista”.
Este hecho, según Raúl Nahuelpán, uno de los voceros de la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (Cooams), “en una estrategia del Estado para inmovilizar a las comunidades mapuche en la lucha por sus reivindicaciones y recuperación territorial”.
El Estado considera al pueblo mapuche como “enemigo interno, lo que representa una ideología”, aplicada por primera vez en el gobierno de Ricardo Lagos; y que se ha mantenido invariable, “porque este sistema de seguridad nacional está asociado a la mantención del modelo económico”, explica Lucía Sepúlveda, periodista y miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT).
LA LEY MALDITA
La Ley Nº 18.314, conocida como Ley Antiterrorista (Ley AT), “determina conductas terroristas y fija su penalidad”. Promulgada en 1984, como estrategia de la dictadura de Pinochet para enfrentar la resistencia armada, no fue derogada con la salida del poder ejecutivo del dictador.
El texto fue reformado parcialmente por el Congreso y utilizado como herramienta para el desmantelamiento de los grupos subversivos que operaron en los inicios de los ’90, y modificado el 2002 para adecuarla al nuevo sistema procesal penal.
Después de algunas selectivas aplicaciones durante los primeros años de la transición, pareció caer en el olvido, hasta la presente década, cuando fue desempolvada para enfrentar la creciente movilización y reivindicación de los pueblos originarios.
“Descontentos por el accionar estatal, el fracaso de las políticas indigenistas y por la situación de pobreza en que se encontraban inmersos”, los mapuche optaron por una estrategia activa –a veces violenta- de reivindicación de derechos políticos, económicos y culturales, explica Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile (AI).
Las disposiciones introducidas durante los gobiernos de la Concertación introducen el delito de incendio como acto terrorista, cuando se cometa “con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, temor”, a pesar de que no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad ni la integridad física.
En la actualidad, según el Observatorio Ciudadano, hay 58 comuneros procesados por Ley AT, cinco de ellos condenados, 42 en prisión preventiva y 11 cumpliendo medidas cautelares.
El Informe de Derechos Humanos 2010, elaborado por la CECT, recoge datos desde junio de 2009 hasta junio de 2010 y señala que hay 106 personas encarceladas, condenadas o procesadas en relación al llamado “conflicto mapuche”, casi el doble de hace un año.
El Informe señala que sólo entre junio y septiembre de 2009, aún en el gobierno de Michelle Bachelet, la cifra ascendió de 59 a 99 personas. Asimismo, el documento consigna la muerte de Jaime Mendoza Collío, asesinado por la espalda por un policía, Miguel Patricio Jara Muñoz, quien se encuentra en libertad provisional mientras se efectúa la investigación judicial.
“Esta es la otra cara de la moneda” explica Alberto Espinoza, “se les aplica Ley AT a los mapuche, pero no hay ningún carabinero preso. Las condenas que se han hecho son muy bajas, no sobrepasan los cinco años y algunos sólo deben firmar”.
Recordemos que los mapuche no han manchado con sangre esta lucha, sino que, “son ellos quienes suman cuatro muertos”, enfatiza el senador Alejandro Navarro, quien denuncia a los gobiernos pasados y al actual de tener un “trato discriminatorio y racista” con los mapuches que luchan por la recuperación de sus tierras.
Lucía Sepúlveda aclara que al llamar terroristas y criminalizar la recuperación de territorios ancestrales se contraviene la legislación internacional de Derecho Indígena, ya que ésta los considera como “luchadores sociales, no como delincuentes ni menos, terroristas”.
Frente a los supuestos nexos que comuneros tendrían con grupos armados extranjeros -como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)-, señalados por algunas autoridades desde el Ministerio del Interior y reforzado por algunos medios de comunicación, Raúl Nahuelpán reconoce que hay muchos movimientos que solidarizan con la causa mapuche, a nivel nacional e internacional, “pues esta lucha despierta simpatías en todo el mundo, pero no existen pruebas concretas sobre vinculaciones con estos grupos”.
Para Laurenti, las minorías “suelen ser discriminadas y sujetas a abusos de violaciones de derechos humanos en todo el mundo”. El caso de los indígenas “es propio de personas cuyos derechos son violentados en razón de la identidad”, concluye.
ESTRATEGIAS JURÍDICAS CONTRA LA LUCHA SOCIAL
La aplicación de la ley AT, significa que las penas son “mucho más altas” y la detención de las personas sin formalizarlas puede ser hasta por diez días. Los registros de la investigación son “casi como secreto de sumario por parte de los fiscales”, se permiten testigos sin rostro y una “serie de restricciones al debido proceso”, comenta el abogado de la Fasic, situación que también ha sido criticada por diversos organismos internacionales (ver recuadro).
“En el caso de la ley antiterrorista, la tipificación de esta conducta es subjetiva y da espacio a la arbitrariedad, porque se juzgan intenciones. Esto viola el principio de legalidad; por ejemplo, se asume como terrorista la utilización de armas de destrucción masiva que, en el caso de los mapuche, sólo son un montón de hojas y fósforos”.
Además de esta ley, otra de las vías institucionales por las que se persigue a las comunidades mapuche es a través de la aplicación de la justicia militar. “No puede ser que tribunales militares juzguen a civiles: Ni los carabineros, ni los mapuche son parte de la rama militar”.
“Nada garantiza un debido proceso, imparcialidad ni independencia”, pues juzgan militares “bajo un sistema inquisitivo (secreto) en el que el derecho a defenderse está seriamente lesionado, en un tribunal en el que la función de investigación y juzgamiento radican en una sola persona”, concluye Espinoza. Esto produce otra irregularidad: la doble criminalización.
Según el Informe de la CECT, actualmente hay siete dobles procesos que afectan a comuneros, lo que viola el principio jurídico relativo a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
CHILE A OJOS DEL MUNDO
En 2009, el embajador ante la ONU, Carlos Portales, negó ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que se hubiera utilizado abusivamente la ley antiterrorista en perjuicio de los mapuche. “Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena. “Entre 1999 y 2009, esta ley se invocó sólo en 16 casos y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena”, sostuvo en su discurso.
Esta declaración fue duramente criticada y desmentida por ONGs nacionales e internacionales, ya que a ese tiempo del gobierno de Bachelet, eran cinco los mapuche procesados por esta ley.
“En esa ocasión, el ministro Viera Gallo dijo que Chile había sido visto con muy buenos ojos en el Consejo, pero nosotros, que tuvimos la posibilidad de estar ahí, sabemos que se distaba mucho de valorar positivamente la actuación del Estado chileno en materia de derechos humanos. Esta es una realidad que no me imagino cambie con el nuevo gobierno”, advierte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano.
Lucía Sepúlveda agrega que la criminalización por parte del Estado chileno “se incrementa el año 2003, pero va más allá del gobierno de turno. En ese sentido es una herencia que recibe Piñera y que administra muy bien, pues no cambia en absoluto la situación”.
Aylwin dice que el gobierno actual plantea “en lo discursivo una continuidad” de los gobiernos pasados en materia de derechos humanos. Pero en la práctica, dentro del Gobierno “hay una tensión muy fuerte”.
Hace pocos días se anunció que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) decidió, preliminarmente, bajar el Fondo de Tierras Indígenas de 40 mil millones a 5 mil millones de pesos, “lo que implica terminar con la política de adquisición de predios en conflicto -una de las soluciones planteadas en esta materia-.
Por otro lado, en temas de seguridad pública hay un paquete de endurecimiento que, lejos de considerar la reforma de la Ley AT en el sentido que recomienda la ONU, eleva las penas e impulsa la delación”, concluye el abogado del Observatorio Ciudadano.
“En el exterior esto causa mucho asombro, porque es otro el discurso que se vende de nuestro país. Lamentablemente, nuestros gobiernos no han querido ver este contrasentido, pero afuera sí se ve y cada vez se hace más visible”, advierte Sepúlveda.
Sobre la precariedad de la defensa de los derechos humanos, el senador Navarro afirma que “en Chile no hay institucionalidad del Estado capaz de defender estos agravios”. Nuestro país no tiene un Defensor del Pueblo u Ombudsman (autoridad que garantiza los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometerse desde los poderes del Estado). Sin embargo, tras larga tramitación se aprobó la creación del Instituto de Derechos Humanos, conformado hace pocos días.
Nahuelpán indica que valoran el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, porque son una medida de presión. Sin embargo, “sabemos que el Estado responde a los intereses del modelo económico, por lo que la solución no vendrá de ellos, sino que de nosotros, cuando podamos negociar en mejores condiciones”.
En este sentido, añade el vocero mapuche; “estamos trabajando por fortalecer la lucha formando un frente amplio junto a otros sectores como trabajadores, estudiantes, organizaciones religiosas y personalidades que se suman al apoyo contra la persecución y prisión política de nuestro pueblo”.
LA ÚLTIMA LUCHA
La existencia del pueblo mapuche se contrapone a la profundización de los proyectos económicos en la zona. “Hay cien concesiones mineras de exploración y explotación desde la Cordillera de Nahuelbuta hasta Toltén, proyecciones de instalación de centrales geotérmicas en el Alto Bío Bío y la instalación de al menos siete centrales hidroeléctricas”, advierte Nahuelpán.
“Cada pino plantado es un retroceso y el camino hacia la desaparición como pueblo. La migración hacia la ciudad, por la falta de agua y la contaminación de los espacios ancestrales generarán guetos mapuches urbanos, donde sólo hay una recreación de lo que fue, porque desaparece la vinculación con el espacio territorial, propio y único de acuerdo a nuestra cosmovisión”, enfatiza.
Los mapuche han combatido históricamente todos los intentos de dominación, logrando mantenerse vivos hasta hoy. Sin embargo, el actual encrudecimiento de la política del Estado chileno, manifestado en la violencia institucionalizada, hace notar lo crucial del momento que viven, en esta lucha de supervivencia.
La que puede llegar a ser su última lucha.
Recuadro
EVALUACIÓN INTERNACIONAL
OCTUBRE 2004, INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH Y EL OBSERVATORIO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
Los mapuche acusados de terrorismo enfrentan juicios desiguales por delitos que no constituyen un peligro directo para la vida, la libertad ni la integridad física. Denuncia, además, que el uso de testigos sin rostro viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile.
AGOSTO 2009, OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL:
La ley AT se aplica, principalmente, a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionadas con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales, y no terroristas.
14 SEPTIEMBRE 2009, INFORME “CHILE: CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL MAPUCHE A TRAVÉS DE LA LEY ANTITERRORISTA”:
El Estado criminaliza las reivindicaciones territoriales, culturales y económicas a través de la aplicación de la ley AT a los miembros de comunidades en conflicto. Se denuncia también la jurisdicción de la Justicia Militar.
24 SEPTIEMBRE 2009, EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE LA ONU:
Chile recibió 71 recomendaciones. Dejó pendientes, entre otras, la revisión de la ley AT y su aplicación, de modo que no pueda hacerse uso abusivo en persecución de las comunidades indígenas, en particular mapuche. En cuatro años más, Chile debe informar sus avances.
28 SEPTIEMBRE 2009, INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU, JAMES ANAYA:
“El Estado tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales de todos los pueblos indígenas (…) esto no es entregar tierra como en una reforma agraria, sino determinar cuáles fueron de ellos”.
Por Cristóbal Cornejo y Victoria Lozano
El Ciudadano N°85, primera quincena agosto 2010
